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Noticias: EFE
Los tribunales han seguido actuando contra ETA, el colectivo de presos y la ilegalizada Batasuna en el año del alto el fuego, con decisiones que a menudo han generando polémica en medios políticos por su posible influencia en la marcha del proceso de paz en el País Vasco.
Además, los casos de corrupción urbanística han llenado los juzgados de denuncias contra alcaldes y concejales, cuando están próximas las elecciones municipales, por recalificaciones de terrenos y posibles tratos de favor a determinadas constructoras, entre otras irregularidades, como la "operación Malaya" dirigida contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.
Participar en esos comicios es la meta de la ilegalizada Batasuna, a pesar de que el 17 de enero el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenara la suspensión de sus actividades por otros dos años y de que el Tribunal Supremo haya seguido ejecutando la sentencia que lo estableció y estudia si las "herrikos" pertenecen a esta formación para extender a ellas la liquidación de sus bienes.
El Alto Tribunal ya ha señalado que no hay obstáculo para que haya contactos entre los partidos políticos y la ilegalizada Batasuna mientras no haya una "orden expresa" que los prohíba, mientras que tiene pendiente de resolver si Jarrai, Haika y Segi son organizaciones terroristas y no meras asociaciones ilícitas como consideró la Audiencia.
Otra decisión judicial fue la condena del portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, el 27 de abril, a 15 meses de cárcel y siete años de inhabilitación por enaltecimiento del terrorismo por haber participado en un homenaje a una etarra, quien espera que el Supremo resuelva su recurso para ver si tiene que ingresar en prisión.
Los tribunales han seguido juzgando a etarras, se han pronunciado sobre los múltiples actos convocados a favor de la "autodeterminación" y tiene abiertos procedimientos contra el ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por negarse a disolver a los sucesores de Batasuna y contra el secretario general del PSE-EE, Patxi López, por reunirse con sus portavoces.
Otros dos asuntos protagonizaron la crónica judicial en este ámbito, la "doctrina Parot" del Supremo -que amplía de 20 a 30 años el tiempo que los condenados por el antiguo Código Penal deben pasar en prisión, que afectó a varios presos de ETA- y el nuevo juicio contra José Ignacio De Juana Chaos por amenazas cuando iba a quedar en libertad, que desencadenó una huelga de hambre.
En este contexto, la actuación de la Fiscalía la resumió Cándido Conde-Pumpido como que la Justicia "no está para favorecer los procesos políticos, pero tampoco para obstaculizarlos", mientras que en otros ámbitos ha apostado por la especialización del Ministerio Público, en áreas como Seguridad Vial, Extranjería y Medio Ambiente y Urbanismo. Fue polémica su decisión de relevar al fiscal jefe de la Audiencia Eduardo Fungairiño alegando que "la paciencia tiene un límite".
La investigación sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid concluyó en julio y está pendiente la celebración del juicio que sentará en el banquillo a 29 imputados.
También sobre terrorismo islamista, el Supremo condenó, entre otros, al considerado líder de la célula de Al Qaeda en España, Imad Eddin Barakat Yarkas, "Abu Dahdah", a doce años de cárcel en relación con los atentados de EEUU y absolvió al ceutí Hamed Abderrahmán Ahmed "Hmido", conocido como el "talibán español", del delito de integración en banda armada (Al Qaeda).
Además, la Audiencia celebró el juicio contra los seis presuntos miembros de la célula integrista, conocida como "comando Dixan", a los que les fueron incautados sustancias que supuestamente pueden servir para fabricar explosivos.
En mayo, miles de personas se convirtieron en perjudicados de una presunta estafa en relación con inversiones en sellos en las sociedades de Afinsa y Fórum Filatélico.
Este año, las Cortes aprobaron la Ley del Menor, que excluirá de su ámbito de aplicación a los jóvenes de entre 18 y 21 años, y que establece un tratamiento más firme de la delincuencia juvenil e introduce medidas para combatir fenómenos como el acoso escolar o las bandas organizadas.
También está en marcha, la reforma del Código Penal, que introduce nuevos delitos, refuerza la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia económica, aumenta el control de los derechos de los menores, recupera medidas alternativas a la cárcel y tipifica los delitos contra la seguridad vial, estableciendo penas de cárcel de tres a seis meses para quienes circulen con elevadas tasas de alcohol o a velocidades excesivas.
Los miembros del órgano de gobierno de los jueces concluyeron su mandato el 7 de noviembre y deben ser renovados por el Parlamento, que han iniciado formalmente el proceso, aunque ya no será hasta el próximo año, cuando se produzca el relevo de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En el capitulo de sucesos, los jueces han dictado sentencias como el "caso Farruquito", en el que se condena a tres años al bailarín por el atropello mortal de un peatón y el archivo de la investigación del incendio del edificio Windsor de Madrid, mientras que el abogado Emilio Rodríguez Menéndez ingresó en prisión tras protagonizar una fuga que concluyó con su detención en Salamanca.
El Gobierno cumplió en septiembre una de las promesas electorales de los socialistas hace dos años: la creación de un "mando único" para dirigir la Policía y la Guardia Civil, el punto central de una amplia reestructuración en el Ministerio del Interior, que abordó ya Alfredo Pérez Rubalcaba.
La llegada de Pérez Rubalcaba a la cartera de Interior, pocos días después del alto el fuego decretado por ETA, vino acompañada de una remodelación de la estructura del departamento, que desde la victoria de los socialistas y hasta abril había tenido al frente a José Antonio Alonso, el actual ministro de Defensa.
Con Alonso se fijaron como prioridades, además del terrorismo, la especialización para combatir el crimen organizado; descendieron el número de víctimas de los accidentes de tráfico y se puso en marcha el DNI electrónico y un plan para edificar nuevas prisiones y centros de inserción social (CIS).
Sentó las bases de proyectos que meses más tarde se materializaron, como el carné por puntos, o que lo van a hacer próximamente, pero dejó también en el tintero algunos casos o investigaciones que "se aprovechan" para el debate político.
Véase, el 'chivatazo' que alertó supuestamente a ETA de una operación policial o el procesamiento de nueve guardias civiles por la muerte de un agricultor en el cuartel de Roquetas de Mar (Almería), asuntos a los que se sumaron recientemente otros como el del 'ácido bórico" o la presunta trama de tráfico de drogas y de explosivos, en la que podrían estar implicados varios policías.
Son temas objeto de enfrentamiento político y, según el Sindicato Unificado de Policía, el mayoritario en el sector, también de "batalla" entre "bandos mediáticos", y las "únicas víctimas", dice el SUP, son los agentes de la Policía.
Este Cuerpo y el de la Guardia Civil -más de 123.000 agentes entre ambos- comenzaron a compartir director el 8 de septiembre. Joan Mesquida, nombrado responsable de la Benemérita en sustitución de Carlos Gómez Arruche el 28 de abril, constituyó el elemento central de la reestructuración de Interior.
Esta reestructuración supuso la creación de dos nuevas direcciones generales -Relaciones Internacionales y Extranjería-, que engloban los organismos que se ocupaban de inmigración y la de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, y vino acompañada del relevo de Telesforo Rubio, el cargo policial más criticado por el PP, en la Comisaría General de Información.
La reestructuración fue bien recibida por el PSOE, IU y los sindicatos y asociaciones mayoritarios, aunque otras organizaciones dudaron de su eficacia y el PP auguró el fin del modelo policial de España.
Las cifras sobre delincuencia también continúan siendo motivo de enfrentamiento, el Gobierno sostiene que ha reducido la tasa de criminalidad en un 50 por ciento en relación con la que había durante la época del PP, y desde las filas populares se asegura que ha crecido, desde que gobierna el PSOE, un 14 por ciento.
El gasto previsto por el Estado en políticas de seguridad ciudadana para 2007 asciende a más de 8.000 millones de euros, un 12 por ciento más respecto al ejercicio anterior.
En total, el presupuesto de Interior para el próximo año se incrementará un 14,77 por ciento respecto al de 2006.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado han sido de nuevo este año piezas claves para desmantelar redes de crimen organizado: el 16 de marzo, por ejemplo, desarticuló una integrada de ciudadanos rumanos que se dedicaban a los robos con fuerza en domicilio en una operación en la que hubo 297 detenidos.
Los asaltos a viviendas registrados en Cataluña hizo que el Gobierno enviara a más de 350 guardias civiles de refuerzo en mayo, un mes en el que se anunció la creación de un Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado.
No obstante, los datos de robos con violencia e intimidación ya reflejaban en los ocho primeros meses del año, según Interior, un descenso del 10,3 por ciento con respecto al mismo periodo del 2005.
Las fuerzas de seguridad, siguiendo órdenes judiciales, desplegaron diferentes dispositivos para detener a los presuntos implicados en una trama de corrupción en Marbella, la operación "Malaya" o para arrestar por supuesta estafa a directivos de dos sociedades de inversión en bienes filatélicos.
Interior ultima la constitución de equipos especializados en la lucha con la corrupción urbanística.
Las fuerzas de seguridad resolvieron también este año numerosos "secuestros exprés" -desde enero hasta finales de junio se registraron 60- y dejaron en sus "horas más bajas" a los delincuentes integrados en las llamadas "bandas latinas".
Pero Interior tiene también otros "flancos" abiertos: los cinco sindicatos de la Policía presentaron en octubre la declaración de conflicto colectivo contra el Ministerio, y los guardias civiles, convocados por la asociación AUGC, se plantean nuevas movilizaciones en protesta por sus condiciones laborales y profesionales y especialmente por el régimen disciplinario.
Del "fin del Estado" que clamó Mariano Rajoy a principios de año a los aplausos compartidos con el PSOE en la reforma andaluza, populares y socialistas mantuvieron durante estos doce meses una tensa y mediática partida de ajedrez, que evolucionó del apocalíptico jaque-mate inicial a unas tablas consensuadas.
Lo que en el Estatuto catalán hizo sudar a los jugadores -desde las competencias compartidas a la definición de "nación" o la gestión de las grandes infraestructuras- se convirtió en un movimiento diagonal de los alfiles en los textos posteriores pactados por ambas formaciones.
En este choque sobre tableros múltiples, tanto los peones como los caballos batallaron ante los medios y en las instancias parlamentarias por cuestiones como la gestión del agua, la inversión del Estado, la financiación autonómica e, incluso, hasta por el flamenco.
La primera partida tuvo como escenario la Comunidad Valenciana, cuya reforma partió de un tibio consenso en el Parlament de esta comunidad, que estuvo a punto de quebrarse en el Congreso cuando los socialistas decidieron apoyar una reivindicación de Esquerra Unida para reducir el listón electoral de representación parlamentaria del 5 al 3 por ciento.
Los socialistas también decidieron eliminar las diferencias sobre el "idioma valenciano" para no romper la unidad de la lengua catalana, pero finalmente los contendientes acordaron dejar fuera del Estatuto el listón electoral y remitirlo a una ley posterior y los socialistas renunciaron a suprimir el término "idioma valenciano".
La segunda ronda se jugó paralelamente en dos tableros, en Barcelona y en Madrid, donde se sucedieron las negociaciones para intentar acordar la propuesta del nuevo Estatuto catalán, que finalmente echó a andar tras un encuentro secreto en la Moncloa entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas.
Otras figuras acabaron malparadas en el damero catalán: el president, Pasqual Maragall, y una de las torres del tripartito, ERC, que se negó a aceptar el gambito Zapatero-Mas, se apeó del acuerdo final y meses después obligada a abandonar la Generalitat.
Desde el inicio del juego, las sesiones fueron tormentosas, plagadas de estrategias y con declaraciones altisonantes.
Así, Rajoy en una sesión sobre la reforma del Estatuto catalán en el Congreso el pasado 30 de marzo no dudó en advertir que este texto es "objetivamente inconstitucional" y consideró en ese momento que "estamos en el principio del fin del Estado" diseñado por la Constitución en 1978, lo que fue rechazado por el Gobierno, el PSOE y el resto de grupos, que siguieron el juego.
Los movimientos y contramovimientos no impidieron que la reforma saliera adelante aunque por un margen estrecho en el Senado y fuera refrendada por los catalanes, si bien con un alto grado de abstención.
Esta partida no ha terminado finalmente porque el texto está recurrido ante el Tribunal Constitucional por los Gobiernos de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja, además del Defensor del Pueblo y del PP.
En mayo se inició una nueva ronda, en este caso con la reforma andaluza, en la que el PP no admitía que la comunidad se definiese como "realidad nacional", la redacción relativa a la financiación o a las inversiones del Estado.
En esta ocasión y en la última sesión de la Comisión Constitucional, el marcador reflejó tablas al conseguir consensuar sus posturas los socialistas y los populares, con IU como tercer pilar del Estatuto andaluz, que se erige como la primera reforma que aúna las posturas de estas tres formaciones.
El consenso entre PP y PSOE reinó en el tablero del Parlamento balear en torno a la propuesta del proyecto estatutario, que actualmente se mantiene en las dependencias del Congreso, donde ambos grupos han acordado una serie de enmiendas para fijar la inversión estatal y otros aspectos de la financiación.
Otras partidas a la vista se jugarán en Aragón, Canarias y Castilla y León, cuyas reglas del juego ya han sido registradas en el Congreso, donde PP y PSOE van de la mano, salvo en el caso canario.
2007 será un año también eminentemente autonómico, ya que el último domingo de mayo se celebrarán las elecciones autonómicas en 13 comunidades, aunque en esta ocasión dos de los "reyes" no participarán: José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
También 2006 terminó con elecciones autonómicas, aunque en Cataluña, donde otro de sus reyes Pasqual Maragall tampoco concurrió.
Sin embargo, su delfín, José Montilla, ha logrado reeditar el tripartito.
Las previsiones de aprobar durante 2006 la Ley de Gobierno local no se cumplieron, aunque el Ejecutivo espera remitir el anteproyecto al Congreso en las próximas semanas, por lo que los municipios siguen esperando lo que se ha venido en denominar su "estatuto de autonomía".
La nueva Ley está "prácticamente culminada", según aseguró recientemente el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien destacó los esfuerzos para sumar al acuerdo al PP, que rechaza el anteproyecto de Ley porque no aborda la financiación local.
Así, el Ejecutivo mantiene el objetivo de que la nueva Ley de Gobierno local esté en vigor antes de las elecciones municipales de 2007.
A cinco meses de la consulta electoral el Ejecutivo incluyó, por primera vez, en unos Presupuestos Generales del Estado un fondo de financiación de 40 millones de euros para los municipios con menos de 20.000 habitantes.
La dotación a estos municipios, del medio rural y semiurbano, favorecerá a 2.200 localidades y a más de tres millones y medio de ciudadanos.
Tras adoptar esta medida, el Gobierno quiso dejar claro que la inclusión de ese fondo, por primera vez en la historia, supone un paso importante en el refuerzo de la cooperación local y una apuesta clara por el municipalismo.
También en el 2006, el Gobierno tomó una decisión política sin precedentes como fue iniciar el procedimiento para la disolución del Ayuntamiento de Marbella, tras la presunta trama de corrupción descubierta por la "Operación Malaya".
El 4 de abril, un Consejo de Ministros convocado con carácter extraordinario inició el proceso de disolución, si bien no se vio posible la convocatoria de unas elecciones anticipadas y se optó por la creación de una Gestora que regirá el Ayuntamiento marbellí hasta las municipales de mayo de 2007.
También en paralelo para contribuir a la lealtad política en los gobiernos locales y en el marco del Pacto Antitransfugismo, el ministro Jordi Sevilla propuso la creación de una Comisión de Expertos independientes, encargada de dictaminar si hay o no transfuguismo en aquellos casos en los que los partidos no logran ponerse de acuerdo.
Otra de las novedosas medidas que adoptaron este año los partidos políticos integrantes del Pacto fue la creación de una listado de tránsfugas, al objeto de que no puedan ser incluidos en listas electorales ni ser utilizados para mantener o cambiar mayorías.
Los partidos firmantes del Pacto adquirieron la obligación de incoar expedientes disciplinarios y expulsar de la organización al concejal tránsfuga y a quienes se benefician de su conducta.
A lo largo de este año, el ministro Sevilla insistió en varias ocasiones en que el Gobierno estaba intentando "poner a los ayuntamientos en la agenda política" y situar a las instituciones que representan los entes locales en el lugar que les corresponde.
Este año, el Gobierno también hizo una apuesta firme por resolver dos problemas históricos: la definición clara de las competencias municipales y una financiación suficiente.
En relación a la financiación, tanto los alcaldes del PP como del PSOE coincidieron en que debe mejorarse pero discreparon en el momento en que tiene que hacerse, ya que los socialistas apoyan la propuesta del ministro Jordi Sevilla de poner en marcha una reforma en el plazo de seis meses a partir de la aprobación de la Ley de Gobierno local.
El ministro también apostó por delimitar en los estatutos de autonomía las competencias municipales, y la Ejecutiva de la FEMP aprobó un documento con los "contenidos mínimos" que deberían recoger los estatutos de autonomía, que pasan por la enumeración de las competencias municipales.
Este año también se produjo el relevo en la Presidencia de la FEMP, al ser sustituido Francisco Vázquez por el alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, después de que el primero fuera nombrado embajador de España ante la Santa Sede.
Finalmente, también en 2006 el Pleno del Congreso expresó su apoyo mayoritario al proyecto de Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, que se definió como el "Estatuto de la ciudad".
Al igual que la Carta Municipal de Barcelona, que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2005, la Ley de Capitalidad de Madrid, dijo el ministro Sevilla, "clarifica, ordena y simplifica las competencias y la relación del Ayuntamiento con el resto de las administraciones".
La actividad política del Partido Nacionalista Vasco estuvo marcada durante el año 2006 por el proceso de paz iniciado con el alto el fuego permanente de ETA del 22 de marzo y el enfrentamiento con la Justicia por el procesamiento de varios de sus dirigentes.
El alto el fuego de ETA y los contactos entre los partidos para formar una mesa para la normalización condicionó totalmente la política en Euskadi durante este año, hasta el punto de convertirse en el único punto de la agenda.
El PNV recuperó protagonismo en un proceso liderado desde el año anterior por el Partido Socialista y la izquierda abertzale, hasta convertirse en la "tercera pata" de lo que Josu Jon Imaz denominó "mesa virtual".
Así, junto al PSE-EE y Batasuna encabezó los contactos mantenidos entre los partidos vascos para la formación de esa mesa, reuniones que han continuado pese al "bloqueo" del "proceso" desde agosto.
Imaz ha mostrado en todo momento su confianza en la consecución de la paz y es el político vasco que más ha valorado los "avances" conseguidos en las conversaciones entre los partidos.
Leal en todo este proceso con el Gobierno socialista, Imaz ha responsabilizado del "bloqueo" a ETA por pretender "tutelar" el diálogo multipartito y por el rebrote de la violencia callejera y el robo de armas en Francia.
La buena sintonía con el PSOE ha ido más allá del proceso de paz y así el PNV ha apoyado los Presupuestos Generales de 2006 y 2007 y otros proyectos legislativos del Gobierno, con el que ha pactado la construcción de la "Y" vasca de alta velocidad, inversiones para proyectos de investigación o el "blindaje" jurídico del Concierto Económico.
Estos apoyaron también se dieron, a la inversa, en el Parlamento vasco, donde el Gobierno Vasco sacó adelante sus principales proyectos tras pactarlos con el PSE-EE.
Al margen del proceso de paz, el 2006 ha sido para el PNV un año "judicial" con los procesos abiertos contra Ibarretxe, Juan María Atutxa y el "burukide" Gorka Agirre.
Las disputas del PNV con la "cúpula judicial" comenzaron en la anterior legislatura, tras la ilegalización de Batasuna, arreciaron con el procesamiento de Atutxa por no suspender el grupo de Sozialista Abertzaleak, y se convirtieron en un enfrentamiento total por la apertura de un proceso contra el lehendakari por su reunión con la formación abertzale el 19 de abril.
Un auto dictado el pasado día 7 por el Tribunal Supremo, en el que se avalaban los contactos políticos con Batasuna mientras no haya una "orden expresa" que los prohíba llevó al PNV y al resto de las fuerzas políticas, con excepción del PP, a pedir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que reconsidere su decisión de proceder contra Ibarretxe.
El caso que afecta a Atutxa fue cambiando a lo largo de 2006 y de la absolución por parte del Tribunal Superior Vasco a principios de 2006 se pasó a la anulación de esta sentencia por el Supremo, que ordenó al Tribunal vasco volver a dictar sentencia.
En cuanto al miembro del EBB Gorka Agirre, fue imputado por la Audiencia Nacional en las investigaciones sobre la trama de extorsión de ETA y el PNV pagó los 30.000 euros de su fianza.
Estos tres casos provocaron la movilización del PNV en apoyo a sus dirigentes procesados, aunque también aquí se evidenció la división interna, ya que la iniciativa de Xabier Arzalluz y Joseba Egibar de autoinculparse en solidaridad con Ibarretxe fue criticada por el EBB, que promovió un acto de apoyo al lehendakari en Gernika.
La fractura entre Egibar e Imaz, que se disputaron la presidencia en 2003, se ha mantenido en cuestiones centrales como el proceso de paz y el modelo de futuro para Euskadi, donde Imaz aboga por pactos transversales y Egibar defiende un acuerdo entre nacionalistas y que el PNV no vuelva a la "rueda autonomista".
La evidencia de que en el PNV no se ha cerrado la división producida durante la sucesión de Arzalluz llegó con el proceso de designación de los candidatos para las elecciones locales del próximo mayo, cuando Egibar, como presidente del PNV de Guipúzcoa, decidió que el Diputado General de ese territorio, Joxe Juan González de Txabarri, afín a Imaz, no repitiera como candidato y lo sustituyó por su colaborador Jon Juaristi.
De cara a esas elecciones, el PNV se ha encontrado con que Eusko Alkartasuna ha optado por no reeditar la coalición, decisión que ha divido a este partido y provocado la convocatoria de un congreso extraordinario el próximo 20 de enero para "zanjar" este asunto.
ERC ha visto como en 2006 ha salido y ha regresado al gobierno catalán tras haber superado el período de "incomodidad" en que le sumió su "no" al nuevo Estatut, después de que las elecciones del 1-N confirmaran su posición como tercera fuerza en el Parlament, decisiva a la hora de formar gobierno.
El año 2006 no ha sido fácil para ERC, puesto que su rechazo al texto del Estatut pactado entre CiU y el PSOE, por estimar que había sido demasiado "recortado", le obligó a desmarcarse del resto de partidos catalanes que aprobaron el texto surgido del Parlamento catalán y a defender, finalmente, el "no" en el referéndum del Estatut que se celebró el pasado mes de junio.
Su negativa a aceptar el texto aprobado por las Cortes, sin embargo, no fue decidida hasta el final del proceso por la dirección de ERC, ante el temor a las consecuencias que podía comportar, una indeterminación que fue criticada por las demás formaciones.
Esta falta de decisión provocó confusión no sólo entre los votantes de Esquerra, sino que también desencadenó una reacción crítica de los militantes en un partido de funcionamiento asambleario.
Las asambleas de militantes de ERC acordaron que el rechazo sólo podía expresarse en el referéndum a través del "no", y que no cabían posiciones ambiguas, como el voto en blanco o el nulo, lo que supuso desautorizar a la ejecutiva del partido y, especialmente, al máximo líder, Josep Lluís Carod-Rovira.
Pese a todo, la dirección de Esquerra optó por la abstención en la votación en el Senado, en contraste con el "no" que defendió en el Congreso y en el referéndum.
La abstención de ERC en el Senado, además, se llevó a cabo sin ninguna garantía de permanencia en el gobierno catalán, de forma que 24 horas después, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, optó por expulsar de su gobierno a los consellers republicanos.
La salida forzosa de los 6 consellers y de los "altos cargos" de Esquerra en la Generalitat el 11 de mayo causó una gran conmoción interna dentro de la 'cúpula', preocupada también por el "impacto" electoral que podía tener tanto el período de indecisión como la coincidencia con el PP en el "no" al Estatut, aunque por motivos opuestos.
El referéndum del 18 de junio, no obstante, registró demasiada abstención como para sacar conclusiones sobre el comportamiento de los votantes de ERC, divididos entre quienes optaron por el "no", por el voto en blanco, por abstenerse e incluso por el "sí".
En este contexto, la formación independentista encaró las elecciones del 1 de noviembre desde el temor a un fuerte retroceso y también a un posible pacto "sociovergente" entre CiU y PSC.
Tras plantear una campaña a la defensiva en la que sus lemas reflejaban una cierta dosis de autocrítica ("somos como somos", "somos humanos como tu"), ERC sólo perdió dos escaños, al pasar de 23 a 21 diputados.
Esta circunstancia le ha permitido reeditar un nuevo gobierno tripartito con PSC e ICV-EUiA, con José Montilla en la presidencia de la Generalitat, después de que CiU expresase su "preferencia" por un pacto con el PSC y de que este último descartase la "sociovergencia".
Esta apuesta por un nuevo tripartito no parece haber generado muchas discrepancias internas, ya que el Consell Nacional la ratificó de forma mayoritaria y, quienes no la aprueban, preconizan estar en la oposición antes que pactar con CiU.
Faltará por ver cómo encajarán las propuestas de ERC con las del PSC en las cuestiones más polémicas, y si los militantes y electores de la formación independentista verán como un avance o no el "catalanismo de lluvia fina" que defiende Carod-Rovira desde la Generalitat.
En el ámbito de la política de Estado, la nueva alianza en Cataluña con el PSC no parece que servirá para restablecer las relaciones de ERC con el PSOE, maltrechas a raíz de lo ocurrido con el Estatut, puesto que el PSOE desea seguir contando con el apoyo de CiU y apostaba en Cataluña por un pacto "sociovergente".
Así, el secretario general de ERC, Joan Puigcercós, advertía al despedirse del Congreso para ejercer como conseller de la Generalitat que, pese al pacto tripartito en Cataluña, los diputados republicanos en Madrid tendrán las "manos libres" para "un margen razonable de discrepancias", incluyendo la votación de los Presupuestos del Estado. EFE
Convergencia i Unió ganó este año las elecciones catalanas del 1-N, pero encara su segunda legislatura consecutiva en la oposición tras ver frustrado el nuevo intento de su líder, Artur Mas, de convertirse en presidente de la Generalitat, al no encontrar socios con quienes formar gobierno.
CiU acaba el año 2006 igual que empezó, como primera fuerza del Parlament y relegada a la oposición, pero ahora con la sensación de haber desaprovechado una gran oportunidad para sacar partido de las 'querellas' internas del tripartito y regresar al timón del gobierno catalán después de que Jordi Pujol abandonara en 2003 el cargo de presidente y pusiera fin a 23 años de mandato.
En 2006, las expectativas de la federación nacionalista han ido de más a menos, con un arranque de año que permitió a Artur Mas presentarse como gran factótum del pacto del nuevo Estatut.
El sábado 21 de enero, en el momento más álgido de la negociación estatutaria, Mas se reunió en secreto en Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para cerrar el acuerdo que desbloqueaba la aprobación en Madrid del nuevo Estatuto catalán.
El pacto Mas-Zapatero permitió a CiU atribuirse, pese a estar en la oposición, el máximo protagonismo de la negociación y, de paso, motivó las iras de ERC, que empezó a manifestar su rechazo al texto.
La "jugada" de Mas, sin embargo, provocó el enfado del secretario general de CiU y líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, quien llegó a acusar al presidente de CiU de "deslealtad" por no haberle informado de su encuentro con Zapatero.
En cualquier caso, las perspectivas de entendimiento con los socialistas, abiertas con el pacto del Estatut, se ensanchaban, y de hecho se empezó a hablar de un supuesto "pacto secreto" entre Mas y Zapatero, que posibilitaría al líder de CiU acceder a la presidencia catalana, sin vetos socialistas, tras los siguientes comicios.
El 3 de abril, en una conferencia que abría las celebraciones del 75 aniversario de Unió, Duran apostó abiertamente por que CiU, en un futuro cercano, entrara a gobernar con ministros en Madrid.
Convocado el referéndum del Estatut para el 18 de junio, CiU se volcó a favor del 'sí' y aplaudió que el presidente catalán, Pasqual Maragall, expulsara del gobierno a ERC por su postura contraria.
Mas albergaba grandes expectativas con la convocatoria de elecciones al Parlament, fijadas para el día de Todos los Santos y en las que Maragall cedía el testigo a José Montilla en la lista del PSC.
Las perspectivas de CiU no podían ser mejores: con el Estatut aprobado y el liderazgo de Mas reforzado por su protagonismo en la negociación, la federación nacionalista podía denunciar el "fracaso" de un tripartito "roto" por la discordia sobre el texto estatutario.
Además, el grueso de las encuestas auguraban una holgada victoria de CiU y transmitían que, en carisma y valoración ciudadana, Montilla quedaba por debajo de Mas.
CiU afrontó la campaña electoral, dirigida por David Madí, convencida de que superaría los 50 escaños -partía de 46-, podría evitar una nueva mayoría absoluta de PSC, ERC e ICV-EUiA y lograría formar gobierno en minoría con apoyos externos y Mas, de presidente.
Sin embargo, pese a obtener 48 diputados y ver descender a los socialistas de 42 a 37 escaños, Mas se topó de bruces con un nuevo pacto de las tres formaciones de izquierdas, reacias a entenderse con CiU después de su campaña sin concesiones contra el tripartito.
Mas ofreció un acuerdo de gobierno al PSC, con el que hubiese cristalizado una 'sociovergencia' bien vista desde sectores de la dirección del PSOE, pero Montilla se apresuró a cerrar un acuerdo con ICV-EUiA y con una ERC que también descartó pactar con CiU.
De cara a 2007, en Cataluña, CiU aspira a no caer en el ostracismo político y a jugar un papel en el despliegue del nuevo Estatut haciendo valer su condición de primera fuerza parlamentaria, aunque lo tendrá complicado para repetir el protagonismo que consiguió con la negociación estatutaria.
En Madrid, Duran no renuncia a cerrar pactos puntuales con el PSOE, examinando ley por ley las posibilidades de entendimiento, pero la idea de entrar con ministros en el Gobierno deberá guardarse en el cajón mientras CiU no tome el mando de la Generalitat.
Izquierda Unida pasó el ecuador de la legislatura con un giro hacia el "desencuentro" en su relación con el Gobierno, y de socio preferente pasó a convertirse en aliado distante e, incluso, ignorado, a veces, al interponerse entre ambos la Ley de la Memoria Histórica y la política económica y fiscal.
Tanto el líder de IU, Gaspar Llamazares, como el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconocieron esta "brecha" abierta durante el debate del Estado de la Nación, más bien un "socavón" como lo consideró el dirigente de izquierdas, que quebró la relación "privilegiada" que mantuvieron durante la primera mitad de la legislatura.
El hecho de que el Gobierno se decantara por un modelo económico "insostenible", como lo definió Llamazares, se escorara "hacia el centro" y eludiera abordar una reforma fiscal "progresista", al elegir pactarla con CiU y PNV, fue el principio de un alejamiento que se consolidó con la ley de la Memoria Histórica.
Zapatero cumplió con la aprobación del proyecto de ley pero no así con las expectativas de IU, para la que esta ley, de salir adelante (su debate ha sido fijado para el día 14), quedaría "raquítica" porque no asume la memoria como un proyecto colectivo ni anula los juicios sumarísimos del franquismo.
En lo que sí hubo un respaldo incondicional al Gobierno fue en la decisión de abrir un proceso de paz después del alto el fuego incondicional de ETA del 22 de marzo, un objetivo que acaparó casi todo el debate político del año y que IU incluso hizo suyo.
Frente a la crítica sin tregua del PP, la tercera fuerza política se posicionó sin un titubeo al lado del Gobierno y, de hecho, el posible inicio de un proceso para acabar con la violencia en el País Vasco fue el eje de las dos reuniones que mantuvieron Zapatero y Llamazares en la Moncloa, una menos que el año pasado.
Llamazares, que también adoptó en esta cruzada un papel de azote del PP, tan sólo pidió a Zapatero una mayor implicación de las fuerzas democráticas en el proceso, sobre todo cuando éste entró en una etapa de incertidumbre al incrementarse la violencia callejera y la actividad de ETA.
Respecto al otro pilar del debate político de 2006, las reformas de los estatutos de autonomía, Izquierda Unida sintonizó con el Gobierno en el más controvertido de los tres aprobados hasta ahora en el Congreso, el de Cataluña, y también en el de Andalucía, pero dio su negativa al valenciano y, probablemente, tampoco respalde el nuevo Estatuto de Baleares, que se votará en la cámara baja el 21 de diciembre.
Dentro de casa, la misma conflictividad de siempre y con los protagonistas habituales, sobre todo la federación de Madrid y el PCE que lidera Francisco Frutos, ambos en desacuerdo profundo con Llamazares, al que acusan de no tener un discurso propio sino subyugado al del PSOE.
Exigencias de que IU se reoriente políticamente y recupere su espacio de izquierda "diferente" se han escuchado de nuevo este año por enésima vez, como ya viene siendo tradicional desde que Llamazares se hizo cargo de la federación en octubre de 2000, cuando "heredó" una presencia parlamentaria de ocho diputados, reducidos a los tres actuales tras las elecciones de marzo de 2004
Izquierda Unida afrontó este año su veinte aniversario y lo hizo entre el escepticismo de sus fundadores, como Cristina Almeida, que ni siquiera le da otros 20 años de margen, y la confianza en el futuro de Llamazares, pese a reconocer que la coalición no pasa por su mejor momento.
Si el proyecto que arrancó con Gerardo Iglesias en 1986 no parece tener "un lugar" en el futuro, como auguran algunas de las voces más derrotistas, o cabales, según quien las clasifique, Llamazares sí apuesta por el potencial de IU y pretende buscar su hueco entre una política de oposición "intransigente" con el PP y, al mismo tiempo, "exigente" con el Gobierno, una estrategia que ha puesto en marcha este año y que espera que funcione en las próximas convocatorias electorales.
El PP se volcó en 2006 en sus críticas al proceso de diálogo emprendido por el Gobierno con ETA por considerar que supone una "negociación política" con la banda terrorista, en un año en el que, además, configuró su alternativa política a los socialistas en modelo de Estado, inmigración, seguridad y economía.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, expuso sus propuestas sobre estos temas -los "problemas reales" de los ciudadanos- en cuatro grandes conferencias políticas, cuyas conclusiones se plasmarán en el programa de las elecciones generales de 2008, y fueron ya avanzadas en la Convención Nacional de marzo.
El PP enfocó el año con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008, y lo concluyó recortando la distancia con el PSOE a 1,4 puntos, la más corta desde el 14 de marzo de 2004, según la última encuesta del CIS.
La política antiterrorista centró la oposición de los populares, quienes, con Rajoy a la cabeza, ofrecieron inicialmente su apoyo al Gobierno para derrotar a ETA y acabaron rompiendo toda relación con los socialistas cuando se anunció que el PSE iba a reunirse con la organización ilegalizada Batasuna.
Desde entonces -era el mes de junio-, todo el PP ha criticado al Ejecutivo por llevar a cabo un "proceso de negociación política" con ETA y no un "proceso de paz", y han exigido al presidente del Gobierno una rectificación y el retorno al Pacto Antiterrorista.
El apoyo expreso de los populares a las víctimas de ETA se escenificó en las cuatro grandes movilizaciones que la AVT convocó este año, en el que los populares exigieron además al Gobierno que impida a "ETA-Batasuna" presentarse a las elecciones municipales.
Además, en los últimos meses Rajoy ha repetido que su partido no va a dejar de exigir explicaciones sobre la investigación del 11-M cuando haya "dudas" al respecto, pero ha advertido de que la prioridad es "construir una alternativa" al Gobierno.
La política territorial fue otro de los ejes de la oposición de Rajoy, que tuvo su máximo apogeo con la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña.
En opinión del PP, este texto ha supuesto una "reforma encubierta de la Constitución", por lo que presentaron un recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite.
El debate sobre el Estatut provocó una crisis interna en el PP, cuando el líder del partido en Cataluña, Josep Piqué, se sintió desautorizado por el secretario general, ngel Acebes.
El propio Rajoy zanjó las diferencias entre ambos en una reunión con Piqué quien, pese a que se lo había planteado, no llegó a presentar la dimisión.
Piqué consiguió mantener prácticamente los resultados electorales del PPC en los comicios autonómicos del 1 de noviembre, en los que tan sólo bajó un escaño, pese a que durante la campaña sus dirigentes sufrieron, al igual que en la del referéndum del Estatut, diversos incidentes y agresiones.
Tras los comicios catalanes y, una vez aprobado en el Congreso con el respaldo del PP el Estatuto de Andalucía, Rajoy expresó su pleno apoyo a Josep Piqué y Javier Arenas, en respuesta a algunas críticas desde dentro del partido.
Rajoy volvió a poner orden cuando Esperanza Aguirre presentó su polémica biografía, en la que aparecen las conocidas diferencias entre la presidenta madrileña y Ruiz-Gallardón.
El líder del PP recurrió al Conde de Romanones para citar aquella famosa frase de "`joder, qué tropa!".
Han sido una constante en el PP las acusaciones a los socialistas de romper los grandes consensos y de haber buscado más el apoyo de los nacionalistas y "de los que menos quieren a España" que, a su juicio, ha llevado al "debilitamiento" del Estado.
En la Conferencia sobre modelo de Estado Rajoy ofreció consenso al PSOE para "retocar" la Constitución mediante "ajustes parciales" que, sin afectar a los "pilares fundamentales del sistema", permitan lograr un Estado más eficaz mediante la corrección de las deficiencias del actual modelo territorial.
El PP cerró además el 2006 con dos casos de corrupción en sus filas, los ocurridos en Telde (Canarias) y en Andratx (Baleares), que saldó con la expulsión del partido de todos los cargos públicos implicados en los mismos. EFE
La tramitación del Estatut y los comicios catalanes condicionaron la política de alianzas parlamentarias del Gobierno durante 2006, un año en el que el rechazo al diálogo con ETA marcó la relación del PP con el PSOE y las demás fuerzas políticas, que sí apoyaron el proceso de paz en el País Vasco.
El diálogo con ETA fue el factor que más enturbió la vida parlamentaria, sobre todo en las sesiones de control por la insistencia del PP, que si en un principio acogió con recelo la apertura del proceso de paz, decidió situarlo en primera fila del debate político tras la reunión de julio entre el PSE y Batasuna.
La Ley de Dependencia, remitida al Senado con la oposición de CiU, PNV y EA, y la de RTVE, fruto de un acuerdo del que sólo se desmarcó el PP, fueron las normas más emblemáticas aprobadas en el Parlamento, además de los Presupuestos Generales del Estado, avalados en el Congreso por PSOE, PNV, IU-ICV, CC-NC, BNG y CHA.
Otra norma a la que el Ejecutivo dio gran importancia, la Ley de Igualdad, se ahorró el debate de totalidad en el Congreso gracias a que ERC retiró la enmienda que había presentado.
Aunque el Gobierno se había comprometido a aprobar la llamada Ley de Memoria Histórica antes de fin de año, únicamente comenzó su tramitación, ya en diciembre, con el PP opuesto a sus medidas y con grandes críticas de IU-ICV y ERC, que las consideraron insuficientes y exigieron la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo.
El año arrancó con las negociaciones del Gobierno con los partidos catalanes sobre la reforma del Estatut todavía abiertas.
Su punto de inflexión fue el acuerdo del 21 de enero entre el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas, a partir del cual se abrió la puerta a su aprobación mientras ERC decidía tomar partido en contra.
Este episodio hizo pensar que el Ejecutivo podría a partir de entonces apoyarse más en CiU que en sus socios del tripartito.
De hecho, ERC presentó enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007 en tanto que CiU retiró la suya en el último momento.
No obstante, los resultados de las elecciones catalanas del 1 de noviembre y la reedición del tripartito devolvieron finalmente el estatus de las alianzas parlamentarias del Gobierno al lugar que tenían antes del pacto entre Mas y Zapatero.
Aunque el Ejecutivo contó con IU-ICV y ERC para sacar adelante sus leyes más importantes, como la de RTVE, con un consenso a final de año sobre los nuevos miembros de su renovado Consejo de Administración al que se sumó el PP, la Ley de Memoria Histórica y los vuelos de la CIA distanciaron a estas formaciones del PSOE.
El PP siguió reclamando en solitario y sin éxito una comisión de investigación sobre el 11-M y abundó en pedir explicaciones por diversos incidentes relacionados con la labor policial sobre los atentados de Madrid, como el llamado caso del "ácido bórico".
Junto a ello, el Gobierno vio cómo el rechazo del PP a dialogar con ETA se convertía en el gran argumento político del principal partido de la oposición.
Los 'populares' llevaron la cuestión al Parlamento, con preguntas e interpelaciones al Ejecutivo que siempre toparon con el reproche gubernamental de su "falta de lealtad".
Pese a todo, en el debate sobre el estado de la Nación de finales de mayo, el asunto estuvo prácticamente ausente en el "cara a cara" entre el líder del PP, Mariano Rajoy, y Zapatero.
Un mes más tarde, Zapatero proclamó de forma solemne en el Congreso el comienzo del diálogo, tras constatar la voluntad de ETA de mantener su alto el fuego permanente declarado en marzo, si bien el robo en de 350 pistolas en Francia y el recrudecimiento de la lucha callejera dio nuevos argumentos al PP contra el Gobierno.
La actividad parlamentaria no estuvo exenta de broncas y agrios capítulos, como el que llevó al presidente del Congreso, Manuel Marín, a expulsar del hemiciclo al diputado del PP Vicente Martínez Pujalte, primer parlamentario expulsado de la Cámara en democracia.
Marín no consiguió consumar la reforma del Reglamento pactada por PSOE y PP por la negativa de los nacionalistas a renunciar al uso de las lenguas cooficiales en la Cámara.
La lucha contra la inmigración ilegal y la ordenación de los flujos legales han sido el eje indiscutible de la política exterior de España en 2006 tanto en relación con Africa e Iberoamérica, como con Europa y el Mediterráneo.
La aprobación del Plan Africa, los acuerdos de cooperación en el control migratorio, el refuerzo de la presencia diplomática y el aumento de la ayuda al desarrollo de los países del Africa subsahariana son prueba del interés del Gobierno por poner freno a las oleadas de cayucos que llegaban a las Islas Canarias.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández, y los ministros de Interior, Defensa y Exteriores han viajado a lo largo del año a los distintos países de la costa oeste africana.
El objetivo de todos ellos era el mismo: reforzar las relaciones políticas y económicas con los Estados africanos, e impulsar la firma de nuevos acuerdos de cooperación en materia de control de flujos migratorios que incluyen la repatriación de ilegales, el establecimiento de cuotas de permisos de trabajo, la ayuda en el control de las fronteras y el apoyo a las políticas de desarrollo.
La zona ha sido, además, objetivo de un despliegue diplomático que ha implicado la apertura de embajadas, secciones consulares y oficinas de cooperación en países como Mali o Cabo Verde, y el envío de 10 funcionarios diplomáticos a otros tantos países, incluido Gambia, Guinea-Bissau, Guinea Conakry y Níger.
Los flujos migratorios también han sido uno de los ejes de la política exterior de cara a sudamérica hasta el punto de que la XVI Cumbre Iberoamericana, celebrada en Uruguay en noviembre, fue convocada bajo el lema "Migraciones y desarrollo".
Apoyada por sendas giras de la vicepresidenta primera -Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay-, y de Moratinos -Uruguay, Paraguay y Argentina-, en la cumbre se firmó un "Compromiso sobre migraciones" por el que se establece una estrategia consensuada y basada en la "cooperación, la legalidad y el derecho de los emigrantes".
La relación con el continente americano se ha visto también reforzada con la creación, el pasado mes de septiembre, de la secretaría de Estado para Iberoamérica y la designación de Trinidad Jiménez al frente de la misma.
El haber sido relegado de sus responsabilidades en Iberoamérica no ha impedido al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, seguir al frente de las negociaciones con el gobierno boliviano hasta la conclusión de un acuerdo en octubre sobre las operaciones de Repsol YPF en ese país.
También frente a Europa, la política exterior ha estado inspirada por los problemas de la inmigración, hasta el punto de que buena parte de los esfuerzos, tanto de Zapatero como de Fernández de la Vega y Moratinos, han estado encaminados a convencer a la UE de la necesidad de que ésta sea una responsabilidad compartida y financiada por todos los miembros.
Otro gran eje de la política exterior española a lo largo del año que termina ha sido el interés por Oriente Medio y por ejercer influencia en favor de un acuerdo de paz para la zona.
Ante la guerra entre Israel e Hizbulá que arrastró en julio a toda la región a una escalada de violencia e inestabilidad, Moratinos se mantuvo en contacto con todos los actores, impulsó la implicación de la UE en la mediación del conflicto y apostó por la participación de Siria e Irán en cualquier proceso negociador.
Los esfuerzos españoles culminaron en una propuesta de paz para la zona que primero fue negociada con los ministros de Asuntos Exteriores de los países del norte y sur de la cuenca mediterránea, y posteriormente presentada por Zapatero.
Esta implicación española en Oriente Medio sirvió también de hilo conductor a las relaciones de España con Estados Unidos, centradas principalmente en la creciente relación entre Moratinos y la secretaria de Estado, Condoleezza Rice.
El Gobierno de Zapatero continuó impulsando además la Alianza de Civilizaciones, una iniciativa que este año sumó adeptos y que fue el tema central en numerosas reuniones multilaterales.
Madrid, 13 dic (EFE).- José Bono decidió abandonar la política y dejó paso a José Antonio Alonso al frente del Ministerio de Defensa, en un año marcado por el llamado caso "Mena" y el envío de soldados a Líbano, una muestra más de la intensa participación de los militares españoles en misiones internacionales de paz.
El año comenzó con la destitución del coronel Eduardo Garbalena como director de la Academia del Aire de San Javier por una representación teatral que no gustó al entonces ministro, José Bono, quien se encontró el día de la Pascua Militar con las polémicas declaraciones del teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena Aguado.
Mena, desde su sede de Sevilla, sugirió que el Ejército tendría que intervenir si algún estatuto autonómico rebasase los límites constitucionales, en referencia a la tramitación del Estatuto de Cataluña.
Dos días tardó Bono en ordenar el arresto domiciliario de Mena, quien pocos días después fue cesado en su cargo.
Estas declaraciones provocaron una reacción en cadena en el ámbito militar. El coronel Fernando Abalo fue arrestado por sus críticas a Mena, mientras que el capitán de la Legión Roberto González envió una carta al diario "Melilla Hoy" en la que expresó su malestar por la situación política de España.
De forma inesperada, el 7 de abril, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció la primera remodelación de su Gabinete y sustituyó a Bono por el hasta entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso.
Bono argumentó que su dimisión respondía a la decisión de "abandonar la actividad política" y dedicarse a su familia.
Coincidió la llegada de Alonso al Ministerio con el aumento del riesgo para las tropas españolas en Afganistán.
El 15 de abril, 32 legionarios repelieron un ataque en Adrascan, sin que se produjeran heridos ni detenidos. Cuatro día después, cuatro militares resultaron heridos al volcar el vehículo en el que viajaban cerca de Herat.
Ante esta situación, Alonso, tras visitar a las tropas desplegadas en Afganistán, decidió aumentar el número de efectivos.
También de forma inesperada, nombró a finales de abril al general Carlos Villar nuevo Jefe de Estado Mayor del Ejército en sustitución del general José Antonio García González.
Sin embargo, los problemas de seguridad aumentaron en Afganistán y el 8 de julio, el soldado Jorge Arnaldo Hernández murió a consecuencia de una explosión cuando formaba parte de una patrulla en la zona de Bakua, cerca de Farah. Otros cuatro militares resultaron heridos leves.
El 14 de agosto, un vehículo camuflado de militares españoles que hacía labores de información fue atacado por disparos de armas ligeras al sur de Farah, sin que ninguno de sus ocupantes resultara herido.
En septiembre un artefacto hizo explosión al sur de Farah al paso de una sección española, sin que se produjeran heridos ni daños materiales.
Pocos días después, una patrulla repelió los disparos de cuatro individuos al norte de Badghis, una acción en la que resultó herido leve uno de los atacantes.
El último ataque contra las tropas en Afganistán se produjo el pasado 13 de noviembre, cuando siete soldados resultaron heridos leves al explotar un artefacto al paso de un convoy de ocho vehículos blindados (BMR), en un ataque suicida.
Este año culminaron las misiones en Pakistán, en enero, y Haití, en marzo, mientras comenzaba la de Líbano, este verano
El Congreso autorizó enviar 1.100 militares al Líbano en una operación de Naciones Unidas, con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.
Con la única abstención de IU-ICV, el Congreso autorizó también en mayo enviar 130 militares al Congo en una misión de la UE para garantizar la seguridad en las elecciones. La misión ya ha culminado.
Entre agosto y noviembre, el Ejército del Aire asumió la misión de controlar durante cuatro meses el espacio aéreo de los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) en una operación de la OTAN. Esta misión también acaba de finalizar.
Otro de los asuntos que ocupó la actualidad en materia de Defensa fue la venta a Venezuela de los doce aviones militares, en una operación vetada por Estados Unidos y que finalmente no se llevará a cabo.
En la parte legislativa, se aprobaron la Ley de Tropa y Marinería, en abril por unanimidad en el Congreso, y la Ley de Carrera Militar, que comenzará ahora su tramitación parlamentaria.
El Gobierno abrió la puerta al diálogo con ETA después del alto el fuego de la banda terrorista y de que ésta cumpliera tres años sin asesinatos, pero la apuesta por ese proceso conllevó una vuelta de tuerca al ya difícil entendimiento con el PP tanto en asuntos de Estado como en cuestiones del día a día.
El "largo, duro y difícil" camino que, según ha reiterado José Luis Rodríguez Zapatero, se atisba en ese horizonte incógnita, ha absorbido gran parte de la atención del Gobierno en los últimos doce meses.
Pero frente a la posibilidad de que ello haya implicado dejadez hacia otros problemas de los ciudadanos, desde la Moncloa se contesta con un listado de iniciativas que encabezan las leyes de Dependencia e Igualdad o una serie de decisiones ante la inmigración ilegal.
Desde que, el 22 de marzo, ETA anunciase el alto el fuego permanente, el Gobierno comenzó una verificación que desembocó en el anuncio de Zapatero, el 29 de junio, de que podía iniciarse el diálogo con la banda, advirtiendo de que no se pagaría ningún precio político por la paz y de que se mantendría en vigor la ley de partidos.
Aseguró que contaría con todos los partidos y, en especial, con el PP, pero la formación liderada por Mariano Rajoy, después de unos primeros pasos de aproximación, dio por rotas las relaciones con el Gobierno tras conocer que dirigentes socialistas vascos se entrevistarían con representantes de Batasuna.
No ha habido posibilidad de acercamiento desde entonces ni en este ni en otros asuntos -salvo contadas excepciones-, y el terrorismo ha sido utilizado cotidianamente en el debate político para reproches mutuos.
Al finalizar el año, el Ejecutivo reconoce que se está ante la fase más delicada del proceso de paz, paralizado tras el rebrote de la violencia callejera y el robo de armas en Francia.
Pero, pese a todo, reitera que se mantienen las expectativas y hay espacio para la esperanza.
Zapatero abordó los primeros cambios en su Gabinete, cambios sorpresa como el relevo de José Bono por José Antonio Alonso en Defensa, el de Alonso por Alfredo Pérez Rubalcaba en Interior, y el de María Jesús San Segundo por Mercedes Cabrera en Educación.
El efecto sorpresa no lo hubo en la sustitución de José Montilla por Joan Clos en Industria, ni lo habrá cuando, en poco tiempo, Juan Fernando López Aguilar sea relevado en Justicia para optar a la Presidencia de Canarias.
Modificaciones estas últimas pensando en un ámbito autonómico en el que el Ejecutivo siguió avalando reformas estatutarias como las de Cataluña o Andalucía.
Junto a proyectos de ley como el de Dependencia (considerada por Moncloa la "iniciativa estrella") e Igualdad, el Gobierno dio luz verde a otros como los que reforman las leyes de Universidades, del Menor y del IRPF.
La reforma laboral, el decreto que fija las enseñanzas mínimas en Primaria, la modificación del Ministerio Fiscal, y los proyectos de ley de investigación biomédica, y de la lectura y el libro, fueron también impulsados, al igual que un acuerdo con la Iglesia católica para su financiación.
Pero casi todo ello con la frontal oposición del PP, que rechazó la reforma de la Constitución prevista por el Gobierno y que le dedicó duras críticas por asuntos como su actitud ante la inmigración ilegal o las opas sobre Endesa, y por aspectos de política internacional como la forma en que planteó una iniciativa de paz para Oriente Medio.
El Gobierno, que sí logró el apoyo del PP para el envío de efectivos militares al Líbano, consiguió también por tercer año los suficientes avales para que prosperen los Presupuestos Generales del Estado.
Tras disolver el ayuntamiento de Marbella, el Ejecutivo tiene por delante la tarea de adoptar decisiones para erradicar la corrupción urbanística que ha plagado en los últimos meses la actualidad informativa.
Si, con unos u otros socios, el Gobierno ha ido sacando adelante sus iniciativas, tiene ante sí una, la conocida como ley de la Memoria Histórica, que ya le está planteado más dificultades de las que le gustaría.
Esta será una asignatura pendiente para 2007, año en el que se celebrarán las primeras elecciones municipales y autonómicas con Zapatero como inquilino de la Moncloa.
No se examinará directamente en las urnas, pero, a menos de un año de las generales, serán inevitables extrapolaciones e interpretaciones en las que seguro que no será ajena la marcha del proceso de paz. EFE
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