Las noticias más relevantes del año, en un vistazo:
Noticias: EFE
La defensa del proceso de paz en el País Vasco ante los ataques del PP acaparó la acción política del PSOE durante 2006, un año en el que el PSC reeditó el tripartito con ERC e ICV tras la aprobación, por referéndum, del nuevo Estatuto catalán.
Fue también un año de cambios en las "caras" del partido, con la marcha de la esfera política de tres de sus "pesos pesados": José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Pasqual Maragall, quien dio paso a José Montilla al frente de la Generalitat.
El anuncio de alto el fuego permanente de ETA, el 22 de marzo, fue acogido por el PSOE como "una buena noticia" aunque también con "cautela y serenidad", y se reflejó en las encuestas con un aumento en la intención de voto al partido del Gobierno.
Sin embargo, la kale borroka y las declaraciones del entorno etarra recriminando al Ejecutivo por la continuidad de los procesos policiales y judiciales contra los miembros de la banda dejaron el proceso en una situación casi de bloqueo.
Al mismo tiempo, y mientras la dirección del PSOE mostraba plena unidad en su apoyo al Gobierno, el partido recibía cada vez mayor presión del PP e, incluso, de socialistas como Rosa Díez, Maite Pagazaurtundua o Gotzone Mora, lo que contribuyó a que los sondeos del último trimestre dieran al PSOE la ventaja más corta respecto al PP de toda la legislatura: tan sólo un 1,4 por ciento.
El propio secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, resumió los mensajes con los que el PSOE había repelido los ataques populares: "quedará en la retina de los españoles que el PP lo único que hace es hacer oposición con la lucha contra el terrorismo", dijo, días después de que la nueva televisión socialista emitiera un vídeo sobre la gestión del Gobierno popular de la tregua de ETA de 1998.
Por otro lado, el Estatuto de Cataluña, que durante 2005 había supuesto un desgaste para el partido, se aprobó en referéndum el 18 de junio; el 1 de noviembre los catalanes acudían a las urnas otra vez, esta vez para elegir gobierno para la Generalitat.
El PSC, que repitió como segunda fuerza política tras CiU, aunque perdió cinco escaños, decidió reeditar el tripartito con la voluntad de Montilla de "no repetir errores" y de "restablecer la imagen de Cataluña en el resto de España".
Las repercusiones de este acuerdo -que se pactó en sólo cuatro días y que provocó, de entrada, las reticencias de algunos dirigentes socialistas- llegaron hasta el mismo Congreso de los Diputados, donde CiU aseguró que seguiría dando apoyo al Ejecutivo en asuntos de Estado como el terrorismo o la inmigración, pero no en otros que contribuyeran a su estabilidad.
También fue 2006 un año de preparación de las listas para las elecciones municipales y autonómicas de 2007, en las que el PSOE se fijó como objetivos alcanzar las presidencias de comunidades como Canarias (con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, como candidato) o Madrid, y arrebatar al PP alcaldías simbólicas, como la de la capital de España.
Precisamente la elección de este candidato fue uno de los episodios más polémicos del año; tras mantener durante semanas la incógnita sobre quién sería sucedería a Trinidad Jiménez como rival de Alberto Ruiz Gallardón, unas declaraciones de José Bono, el 10 de octubre, en las que afirmó que le agradaba que se barajase su nombre, pusieron en marcha la maquinaria del partido para plantearle oficialmente la propuesta.
Sin embargo, un día después, y a través de los medios de comunicación, el propio Bono afirmó que no aceptaría la petición.
El PSOE resolvió la cuestión ese mismo mes, anunciando, el 25 de octubre, que el candidato sería el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Miguel Sebastián, quien protagonizó su primer mitin el 26 de noviembre junto a Zapatero.
El grupo parlamentario socialista también sufrió algún cambio, cuando su portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue nombrado ministro del Interior poco después de que ETA anunciara su tregua; Diego López Garrido le sustituyó en la tribuna del Congreso.
Rocío Jurado, la "más grande" nos dejó como vivió, a lo grande, mientras que Rocío Dúrcal lo hizo en silencio y en la intimidad de su familia. El caso es que durante la primavera del 2006, España se quedó sin sus Rocíos, en un año de grandes giras y nuevos álbumes de Alejandro Sanz y la Oreja de Van Gogh.
Fue una primavera de conmociones, fans y medios de comunicación se volcaron con las enfermedades y los fallecimientos de las dos artistas.
Rocío Dúrcal, esa estrella juvenil del cine musical de los sesenta y setenta, convertida en la "gran dama de la ranchera", fallecía el 25 de marzo en Madrid a los 61 años, víctima de un cáncer que padecía desde 2001 y lo hacía en la intimidad rodeada de los suyos y con grandes homenajes en México.
La "más grande", el 1 de junio perdía también su batalla contra el cáncer y sus últimos días daban pie a un espectáculo mediático que acababa con todos sus fans rindiéndole un homenaje en Madrid y en su Chipiona (Cádiz) natal durante varios días.
Pero el mundo de la música siguió su camino sin dos de sus estrellas, y en cuanto a la música en vivo, el 2006 ha supuesto el regreso a los escenarios después de seis años de Barbra Streisand y de Madonna con su "Confessions tour" y, aunque las dos divas americanas no pasaron por estas latitudes, sí que lo hicieron Bruce Springsteen con su disco "We shall overcome. The Seeger sessions", los Rolling Stones y su tumultuosa y medio cancelada gira, Mark Knopfler acompañado por la reina del country Emilou Harris, la colombiana Shakira y su "Fijación oral", y Depeche Mode con su "Touring the angel".
También giraron Sabina, Estopa, El Canto del Loco, Bob Dylan, Pet Shop Boys, Ricky Martin, Ben Harper y otros como The Who volvían a escena por todo lo alto.
George Michael celebraba sus veinticinco años de música con la gira y el disco "25 live", pero no era el único que tenía algo que celebrar, Neil Diamond conmemoraba sus 40 años musicales con nuevo disco, "12 songs"; La Oreja de Van Gogh, el décimo aniversario con "Más guapa"; Pearl Jam hacía lo propio por sus 15 años con un álbum homónimo; Beyoncé su 25 cumpleaños con el CD "B'day" y Tony Bennet se rodeaba de amigos como Sting, Celine Dion, Barbra Streisand, Bono, Juanes o Paul McCartney para celebrar sus 80 primaveras.
También se cumplía el trigésimo aniversario de la publicación del primer disco de la banda punk Ramones, y Marky Ramone, único miembro vivo del grupo, lo festejaba con una gira.
El año terminaba con la celebración del veinticinco cumpleaños de la "movida madrileña" y el 40 de la emisora de radio "Los 40 principales", la de mayor audiencia del país, que congregaba el 17 de junio en el Estadio Vicente Calderón de Madrid a lo mejor de la música en español en un concierto histórico en el que participaron desde Nacha Pop o Alaska, a Alejandro Sanz, David Bisbal, Shakira y Ana Torroja, quien recuperaba los grandes éxitos de Mecano para hacer un tour en solitario por España y México.
Pero en este año de conmemoraciones, surgían con fuerza nombres nuevos como James Blunt o Artic Monkeys, y se consolidaban otros como Keane, Julieta Venegas o Franz Ferdinand.
"Guapa", de La Oreja de Van Gogh, se convertía en el disco más vendido de un año en el que Alejandro Sanz regresaba de Miami con "El tren de los momentos", David Bisbal se reconvertía con "Premonición", Fangoria hacía un exitoso y "Extraño viaje" hacia el sonido Dinarama, Calamaro publicaba varios discos, Serrat regresaba al catalán con "Mo" y Presuntos Implicados se disolvían, Lluis Llach anunciaba su retirada y Dioni de Camela debutaba en solitario.
El año terminaba por todo lo alto con nuevo álbum de los Beatles, "Love", y no es que los dos únicos miembros vivos del cuarteto de Liverpool, Paul McCartney y Ringo Starr, hayan decidido volver a unir sus talentos para sacar adelante un nuevo álbum del grupo, sino que el productor George Martin, conocido como el quinto Beatle, y su hijo Giles recuperaban sus grandes clásicos para crear la banda sonora del nuevo espectáculo del Circo del Sol, que se estrenó en verano en Las Vegas y que acaba de salir en formato CD.
Un año más, el mundo de la música seguía preocupado por la piratería y, por eso, los días 7, 8 y 9 de junio se celebraba en Madrid la Conferencia Mundial Contra la Piratería por ser la capital de uno de los países con mayor índice. Por ello, el Ministerio de Cultura, que ultima la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, ha iniciado con el Ministerio de Educación la puesta en marcha de una Ley de Música.
El primer año de vigencia de la Ley de Matrimonios Homosexuales se ha saldado, según los datos oficiales disponibles, con 4.500 bodas, el 80 por cien de hombres, se han pedido 50 adopciones -casi la mitad de parejas de lesbianas- y tres divorcios.
Desde que Emilio Menéndez y Carlos Barturín se convirtieran, el 11 de julio de 2005, en la primera pareja en acogerse a ese derecho once días después de la aprobación de la ley, unas 4.500 parejas siguieron el ejemplo, según datos facilitados el pasado mes de junio por la presidenta de la Federación de Lesbianas, Gays y Transexuales, Beatriz Gimeno, el pasado mes de junio.
Según estas cifras, de los 17.720 expedientes incoados entre junio de 2005 y junio de 2006 en el Registro Civil en Madrid 830 son personas del mismo sexo, "es decir el 10,74 por ciento del conjunto", afirmó Gimeno al publicar los datos.
En estos meses se produjeron también cincuenta peticiones de adopción, unas 40 correspondían a las parejas de lesbianas que tuvieron un bebé por inseminación artificial.
En este aspecto destacó el caso de dos lesbianas a las que una juez de Algeciras reconoció como madres de una niña nacida por inseminación artificial.
Sin embargo, todavía en muchos países no existe la posibilidad de adoptar a las parejas formadas por personas del mismo sexo, aunque hay algunos que sí como Brasil y Sudáfrica.
En este último, las colas son interminables, superando incluso los ocho años de espera, afirmó el pasado septiembre el presidente de la Fundación Colegas, Rafael Salazar.
A medida que la ley se ha ido afianzando, los jueces han concedido también las primeras pensiones de viudedad al entender que muchas parejas homosexuales no pudieron casarse "por imperativo legal", señaló Beatriz Gimeno.
Sin embargo, ha sido precisamente en el terreno judicial donde se ha librado una de las batallas en la aplicación de la ley.
El 7 de noviembre, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó -por tres votos contra dos- abrir expediente disciplinario a Laura Alabau, la juez de Denia que había presentado un recurso de inconstitucionalidad a la norma y se había negado a celebrar bodas entre personas del mismo sexo.
Por su parte, el PP mantuvo el recurso de inconstitucionalidad de la Ley.
A pesar del recurso, en el mes de abril el edil de Cultura del Ayuntamiento de Orense, José Araújo, del PP, se convirtió en el primer cargo de este partido en celebrar una boda homosexual, al casarse con su pareja Nino Crespo.
Tres meses más tarde, el 29 de julio, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ofició su primera boda gay en medio de las críticas del Arzobispado de Madrid, que le recordaron su deber como político católico, y del secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, que le pidió que fuera consecuente con las decisiones de su partido.
Los contrayentes, el militante del PP Javier Gómez y su pareja Manuel Ródenas, se casaron en una ceremonia a la que asistieron la diputada popular y ex ministra de Sanidad Celia Villalobos, concejales del PP y el consejero madrileño de Sanidad, Manuel Lamela.
Como prueba de la normalidad se produjeron también los primeros fracasos matrimoniales.
La primera demanda de separación fue presentada en Madrid el 22 de junio por una pareja a la que el matrimonio le duró nueve meses aunque llevaban 14 años de convivencia.
La demanda reclamaba para el cónyuge que se ocupó de las tareas domésticas una pensión, el uso del domicilio conyugal y el cuidado de los perros de la pareja.
También en Madrid tuvo lugar uno de los incidentes relacionados con las bodas homosexuales que saltó a los medios de comunicación.
Un restaurante de la capital rehusó acoger el banquete nupcial de una boda de dos hombres aduciendo "política de empresa", una acción por la que el Ayuntamiento de Madrid abrió expediente informativo al establecimiento.
El año se cerró con la boda celebrada el pasado dos de diciembre entre dos mujeres transexuales lesbianas residentes en la provincia de Gerona.
Las Islas Canarias se vieron desbordadas este año por el éxodo de miles de africanos que huyen de la miseria en busca de nuevos horizontes en la Europa del bienestar, de la que este archipiélago y el sur de España son sus fronteras físicas más cercanas.
Alrededor de 30.000 inmigrantes irregulares africanos han llegado a Canarias en lo que va de año en cayucos procedentes primero de Mauritania y posteriormente de Senegal e incluso de Guinea Bissau, una cifra muy superior a los 4.715 interceptados durante todo el 2005 frente a las mismas costas.
El aumento de la presión migratoria en el archipiélago se produjo debido al cambio de ruta experimentado por la inmigración ilegal africana hacia Europa tras el refuerzo del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en las costas andaluzas y los mayores controles en las marroquíes.
Como consecuencia del alejamiento entre origen y destino, se multiplicó el riesgo y las frágiles pateras fueron sustituidas por cayucos, embarcaciones de fibra de vidrio, más resistentes y que ofrecen mayor autonomía y estabilidad.
En la lucha contra la inmigración clandestina y a raíz de la "crisis de los cayucos", en plenas vacaciones de verano, el Gobierno incrementó los medios materiales y humanos para controlar las fronteras, mientras que otras acciones se orientaron al terreno diplomático.
Así las cosas, intensificó la firma de convenios de cooperación con algunos estados y consiguió agilizar los procedimientos de repatriación de inmigrantes a sus países de origen, a la vez que reclamó a la UE una mayor y más activa implicación en inmigración, con el objetivo de alcanzar una política común.
Ya en mayo, y en la misma línea de trabajo, la Comisión Europea, bajo la coordinación de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex), acordó un operativo para patrullar toda la zona del frica Atlántica "susceptible" de ser punto de origen de pateras y cayucos.
No fue fácil para el Gobierno lograr avances en el cometido de una mayor implicación de la UE en el problema migratorio, pero de esas gestiones salió la celebración de una cumbre en Madrid el 29 de septiembre de los ocho países de la frontera sur mediterránea para estudiar la situación.
Otro intento por contener la inmigración ilegal fue la aprobación en mayo del informe sobre el Plan frica (2006-2008), que reúne medidas para el refuerzo de los procedimientos de repatriación inmediata, la creación de nuevas embajadas en Cabo Verde, Mali y Sudán y la potenciación del control de las fronteras españolas.
La ofensiva diplomática española se ha prolongado desde entonces, con desplazamientos de diversas autoridades españolas a países como Mauritania, Marruecos, Argel, Guinea Conakry o Gambia, entre ellos el reciente viaje del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Senegal.
No obstante, las llegadas casi diarias de cayucos con decenas e incluso centenares de inmigrantes (759 personas sólo el día 3 de septiembre) durante meses, obligó a dotar al archipiélago de más medios materiales y humanos.
Esta situación forzó al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, a reunirse con las ONG y las comunidades autónomas para que incrementaran la capacidad de acogida de inmigrantes que eran desviados a la península, y también llegó a un acuerdo con las autonomías para el reparto de menores extranjeros no acompañados.
Durante los once primeros meses del año, el Gobierno ha repatriado a unos 73.000 extranjeros a sus países, lo que da una idea de que no sólo Canarias recibe inmigrantes, aunque su situación sea la más visible y también la más dramática, ya que unas 300 personas han muerto mientras intentaban alcanzar sus costas.
Se desconoce, no obstante, el número de "sin papeles", que algunas organizaciones cifran en unos 700.000 y cuya entrada a España sigue siendo de forma mayoritaria por los "coladeros" de los aeropuertos y la frontera con Francia.
Pese a que muchos partidos y diversos organismos coinciden en resaltar la crucial importancia que la inmigración tiene para el crecimiento económico del país, en octubre fue de nuevo la principal preocupación de los españoles, según el barómetro del CIS.
Una subcomisión, cuya creación fue aprobada por el Pleno del Congreso a finales de noviembre, se encargará durante los próximos meses de analizar el fenómeno de la inmigración para intentar sentar las bases de una política común.
Al margen de la situación nacional, uno de los casos que tuvo en vilo a la sociedad española fue el del pesquero "Francisco y Catalina", que en julio rescató a 51 subsaharianos que iban a la deriva en aguas internacionales cercanas a Malta, país que durante una semana se negó a aceptar su entrada.EFE
En 2006, una mujer murió cada cinco días en España a manos de su pareja o ex pareja -hasta la fecha 62, dos más que en todo 2005-, pese a los avances logrados en el ámbito judicial, legal y asistencial para proteger a la víctima de maltrato.
Frente a esta estadística mortal, que mantiene una tendencia muy similar a otros años, uno de los aspectos positivos es el incesante incremento de las denuncias por maltrato, lo que no significa que que exista un mayor número de agresores sino más mujeres decididas a sacar a la luz pública la situación que sufren intramuros.
En su primer año de vida -junio 2005 a junio de 2006-, los 22 juzgados exclusivos de violencia de género y los 437 de competencias compartidas recibieron casi 147.000 denuncias, mientras que en 2004 tan sólo sumaron 99.000 y en 2003 se elevaron a 76.000.
Sin embargo, el 70 por ciento de las mujeres asesinadas este año no había denunciado a su agresor.
Ante esta situación, el Gobierno está analizando los casos en los que hubo denuncia y, sin embargo, falló la protección y el apoyo a la víctima.
Se da la circunstancia de que en cinco de los 62 casos mortales pesaba una orden de alejamiento sobre el agresor; en otros dos casos la orden se solicitó pero en el momento de los hechos aún no estaba vigente y en otros dos casos había caducado.
En España, según el Instituto de la Mujer, unos dos millones de mujeres son, de manera esporádica o continua, víctimas de violencia en los hogares españoles, pero sólo 700.000 se reconocen como tales.
Con respecto a la ley integral de medidas contra la violencia de género -aprobada en diciembre de 2004-, su aplicación ha permitido que 6.500 mujeres se dieron de alta en el Servicio de Teleasistencia Móvil, desde que comenzó a funcionar hace más de año y medio.
El mayor número de beneficiarias del servicio -que al principio empezó a operar con alguna dificultad- se encuentran en Andalucía, con 1.273 víctimas, seguida de Madrid (1.216) y Comunidad Valenciana (1.154).
En el ámbito económico, más de 5.000 mujeres maltratadas cobraron en el primer trimestre de este año la renta activa de inserción (383 euros), y una veintena de ellas recibían además una ayuda especial para cambiar de domicilio.
Desde el Gobierno, la Fiscalía General del Estado o el Consejo General del Poder Judicial, se coincide en señalar que la ley no es culpable de las muertes ni puede resolver en tan escaso tiempo un problema tan complejo de décadas y que afecta a patrones culturales machistas y de discriminación hacia la mujer muy enraízadas.
Precisamente, esta ley -pionera en la Unión Europea debido a su carácter integral- impulsó al Consejo de Europa a elegir Madrid como lugar de lanzamiento de una campaña internacional contra los malos tratos.
Con ese motivo, el Consejo de Europa divulgó un estudio que estima entre un 20 y 25 por ciento las mujeres que han sido objeto de violencia física, al menos una vez en su vida, y en más de un 10 por ciento las que han sufrido agresiones sexuales.
En el mismo documento se calcula que el coste económico de abordar este tipo de violencia (policía, sanidad etc.) se eleva en torno a 33.000 millones de euros en los 46 países europeos miembros del Consejo.
Poco después, el 27 de noviembre, el Gobierno español presentó una campaña nacional bajo el lema "Contra los malos tratos gana la ley", que con un presupuesto de 1,9 millones de euros se emitirá hasta finales de 2006.
Además, tiene intención de crear nuevos juzgados exclusivos y generalizar el control de los agresores mediante los sistemas telemáticos, todo ello dentro del nuevo plan de sensibilización que el Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo día 15.
Entre las sombras se encuentran los problemas detectados por la Fiscalía General del Estado en los programas de rehabilitación para los maltratadores condenados por primera vez por delitos menos graves (previstos en la ley), aunque estas dificultades ya se están solucionando.
La aparición el pasado mes de marzo del primer gran caso de corrupción urbanística en España, localizado en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), seguido de otros similares que han salpicado la geografía española, abre una espita difícil de cerrar, ya que, presumiblemente, éstos no son más que la punta del iceberg.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno y de los partidos por explicar que los delitos urbanísticos detectados son casos aislados y por destacar la honradez de la mayoría de los más de 8.000 ayuntamientos españoles, esta cuestión amenaza con suponer más de un quebradero de cabeza para el Ejecutivo en los próximos años, al tener un principio claro pero un final incierto.
Así, buena parte de las expectativas del Ejecutivo en esta materia están puestas en las modificaciones legislativas de la nueva Ley de Gobierno Local, junto con otras normas, que esperan sirvan como instrumento jurídico para que los "alcaldes y concejales honestos" puedan combatir la corrupción.
Por su parte, desde el principal partido de la oposición, el PP, se viene reclamando una clarificación de las competencias del Estado en materias esenciales, entre ellas el urbanismo, y abogan por estudiar una posible modificación de la Constitución en esta cuestión.
Lo cierto es que tras los últimos casos de corrupción urbanística aparecidos se ha reabierto la polémica acerca de la necesidad o no de que el Estado recupere las competencias en materia de urbanismo en detrimento de los ayuntamientos como medio de evitar la especulación del suelo.
El primer caso de disolución de un Ayuntamiento y asunción de sus competencias, incluidas las urbanísticas, por parte de una gestora, nombrada por la Junta de Andalucía, lo protagonizó el consistorio marbellí, después de que en la "Operación Malaya" se detuviese a 23 de sus concejales, y que tres alcaldes -Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yage- hayan estado encarcelados por delitos urbanísticos.
Además, en Catral (Alicante), gobernado por el grupo socialista, la Generalitat Valenciana decidió el pasado 3 de octubre asumir las competencias urbanísticas del municipio ante su "relajación" en la proliferación "exagerada" de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y protegido.
Junto a estos casos, juzgados de toda España investigan decenas de irregularidades urbanísticas y recalificaciones de terrenos para construir en zonas no urbanizables, así como el uso y abuso de información privilegiada para enriquecerse.
Uno de los últimos casos en ver la luz ha sido el de Andratx (Mallorca), por el que cinco personas han sido detenidas, entre ellas su alcalde, Eugenio Hidalgo (PP), y el director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot.
No obstante, en el goteo diario de casos el último ha sido el vinculado a documentos incautados a la Sociedad Fórum Filatélico -intervenida por un presunto fraude a miles de clientes- que recogen un pago de tres millones de euros en comisiones ilegales al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, para que se los hiciese llegar a su partido, Coalición Canaria, a cambio de favores urbanísticos.
Junto a éstos, sobresaliente también ha sido el de Seseña (Toledo), que vio la luz después de que su alcalde, Manuel Fuentes, de IU, denunciara ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado el supuesto "trato de favor" de la Junta de Castilla-La Mancha al promotor del PAU "El Quiñón", que prevé la construcción de 13.508 viviendas y una multiplicación por seis de los habitantes de la localidad.
Asimismo, cabe destacar la recomendación de la Unión Europea al Gobierno valenciano al abrir un procedimiento de infracción contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Mientras las denuncias urbanísticas en distintos puntos del territorio continúan, los principales partidos se acusan mutuamente de estar implicados en las mismas, aunque lo cierto es que éstas afectan a gran parte de las formaciones.
El accidente en el metro de Valencia, en el que murieron 43 personas, el descarrilamiento de otro tren en la localidad palentina de Villada, con siete muertos, y la muerte de dos menores al ser atropellados cuando cruzaban por un paso de peatones son algunos de los sucesos que conmocionaron a la sociedad española en 2006.
El accidente de metro, el peor de los registrados en la historia de España, que hizo recordar en un primer momento a los españoles la masacre del 11-M ocurrida en Madrid, vino a ensombrecer la gran fiesta que los valencianos habían preparado, con motivo de la primera visita a España del Papa Benedicto XVI.
El siniestro tuvo lugar el 3 de julio al descarrilar y volcar un convoy de la línea 1 del metro de Valencia, cuando circulaba entre las estaciones de Jesús y Plaza de España, debido a un exceso de velocidad, ya que iba al doble de la permitida por ese tramo, que es de 40 kilómetros a la hora.
Un mes más tarde, se produjo un nuevo accidente ferroviario, esta vez en la localidad palentina de Villada, al descarrilar un tren en el que viajaban más de cuatrocientos pasajeros y que hacía el recorrido Coruña/Vigo-Bilbao, suceso en el que fallecieron siete personas y otras 36 resultaron heridas.
Tras éstos, uno de los episodios que más conmocionaron a la opinión pública, ocurrido el 4 de enero, fue la muerte de dos hermanos de cuatro y siete años, tras ser atropellados por una furgoneta cuando cruzaban por un paso de peatones en Basurto (Bilbao), junto a su padre y otro hermano, mientras la madre les esperaba al otro lado de la calle.
Cinco días después, un vigilante de seguridad, que había pedido la baja voluntaria en su empresa, protagonizó otro incidente macabro, al matar a dos de sus ex compañeros y herir a una tercera persona, antes de suicidarse, en el Palacio de Correos y Telecomunicaciones de Madrid.
El atraco perpetrado a primeros de año en un chalé de la localidad de Canals (Valencia), que acabó con la vida de dos de los ocho atracadores, después de que el propietario disparara contra ellos, fue otro de los sucesos que generaron gran inquietud en la sociedad, sobre todo por la creciente oleada de robos con violencia.
Tras este hecho y a lo largo de 2006, las fuerzas de seguridad desarticularon varias redes especializadas en el robo con fuerza en domicilios: en una de las operaciones detuvieron a 297 personas de nacionalidad rumana y en otra a 110, en su mayoría integrada por ciudadanos albano-kosovares.
Un incendio registrado en la residencia San Lorenzo de Massamagrel (Valencia) acabó con la vida de cinco personas, cuatro hombres de entre 30 y 80 años, todos ellos enfermos mentales, cuando se encontraban en la enfermería.
Otro incendio, que provocó la muerte de cuatro personas, se produjo el 4 de marzo en la pensión "Posada de los abrazos", de Bilbao. Diez días después encontraron muertos en una casa de campo de Pueyo (Navarra) a cuatro personas, un matrimonio, su hija y el esposo de ésta, por la inhalación del humo generado en un incendio.
Dos explosiones de gas, el 12 de enero y el 27 de julio, en la Rambla Fondo de Santa Coloma (Barcelona) y en un bloque de viviendas de Jai Alai, en Laredo (Asturias), respectivamente, provocó la muerte de siete personas: dos en el primera y cinco en la segunda.
El 5 de febrero, una anciana impedida murió en Vigo después de que su yerno rociara con combustible la casa en la que vivía junto a su hija -que resultó herida muy grave tras lanzarse por la ventana- y nieta, y le prendiera fuego.
Un mes después fallecieron cuatro personas en Alzira (Valencia) y otras dos resultaron heridas muy graves en un tiroteo entre dos clanes familiares, tras la discusión mantenida por un hombre y una mujer por la custodia de una menor, incidente tras el que fueron detenidas siete personas.
El 4 de julio, los Mossos d'Esquadra arrestaron en Barcelona a Remedios S.S., una gallega de 49 años nacida en Dormea (A Coruña) y domiciliada en Barcelona, como presunta autora de al menos tres asesinatos de ancianas cometidos en la capital catalana.
El 2006 ha sido especialmente trágico para la aviación española, ya que se registraron doce accidentes de pequeñas aeronaves en los que fallecieron 27 personas.
El más grave se produjo el 8 de julio a 4 millas de la costa de Tenerife al precipitarse al mar un helicóptero del servicio contra incendios, en el que viajaban seis personas.
A lo largo de este año, se produjeron también ocho accidentes de autobuses, en los que murieron 21 personas y más de 170 resultaron heridas. De éstos, el más grave, ya que murieron siete personas, entre ellas un bebé, fue el que tuvo lugar el 21 de mayo en la autovía A-1, a la altura de Pedrezuela (Madrid), al volcar un autobús belga que transportaba a marroquíes residentes en ese país.
En el tercer año consecutivo sin víctimas mortales, ETA hizo el pasado 22 de marzo un anuncio de alto el fuego permanente que llevó al Gobierno a pedir autorización al Congreso para el inicio del diálogo con la banda, aunque por el momento no parecen darse las condiciones para que éste se materialice.
La continuación e incluso el incremento de los actos de violencia callejera, el robo de armas en Francia y la aparición de varios terroristas disparando al aire durante la celebración de un acto abertzale en Oiartzun (Guipúzcoa) el pasado 24 de septiembre son algunos de los factores que han impedido verificar la voluntad de ETA de abandonar definitivamente la violencia.
En el comunicado hecho público el pasado 22 de marzo, ETA expresaba su deseo de "impulsar un proceso democrático" para construir "un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos" del pueblo vasco, y anunciaba un alto el fuego "permanente" que entraría en vigor 48 horas después.
El Gobierno realizó una ronda de contactos con los grupos políticos en la que inicialmente recibió su apoyo unánime en el proceso abierto tras el alto el fuego, aunque el PP se lo retiró ante el anuncio de una reunión entre el PSE-EE y Batasuna que tuvo lugar el 6 de julio.
El 29 de junio, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en el Congreso, en una comparecencia ante los periodistas, el inicio del diálogo con ETA, diciendo que la democracia no pagaría ningún precio político por la paz y que el Gobierno respetaría "las decisiones que los ciudadanos vascos adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales".
La iniciativa del Gobierno fue respaldada el 25 de octubre el Parlamento Europeo, aunque por un estrecho margen.
El robo por ETA de 350 armas en una empresa francesa de la localidad de Vauvert el pasado 23 de octubre, del que el Gobierno afirmó que tendría consecuencias, y la violencia callejera, que arreció durante la huelga de hambre del preso José Ignacio de Juana Chaos, llevaron al proceso a sus momentos más difíciles.
También la banda terrorista subrayó la "crisis" del proceso en agosto y noviembre.
Antes de la declaración de alto el fuego, ETA había perpetrado dieciséis atentados que causaron cuatro heridos leves y numerosos daños, y que iban dirigidos contra edificios públicos e intereses de empresas a cuyos propietarios los terroristas pretendían extorsionar.
En lo que va de 2006 han sido detenidas treinta y ocho personas por su supuesta relación con ETA, veintitrés en Francia y las otras quince en España.
Una de las operaciones más relevantes fue la del pasado 29 de noviembre, cuando la policía francesa detuvo en Quezac a tres presuntos etarras supuestamente implicados en el robo de armas en Francia, entre ellos a Zigor Garro, supuesto jefe del aparato logístico de ETA.
Pocos días después, el 2 de diciembre fueron detenidos también en Francia Eneko Bilbao, Zorion Salsamendi y Borja Gutiérrez, supuestos encargados del aprovisionamiento de explosivos.
El 20 de junio de 2006 una operación desarrollada en Francia y España contra la trama de extorsión de ETA motivó la detención de doce personas, entre ellas los "históricos" Angel Iturbe y Eloy Uriarte, "Señor Robles"; y Julen de Madariaga, uno de los fundadores de ETA y actualmente miembro de Aralar.
En lo que va de año han sido entregados a España dieciocho etarras -once procedentes de Francia, seis de México y uno del Reino Unido-, entre ellos los ex dirigentes de la banda José Javier Arizkuren Ruiz, "Kantauri"; y Juan Antonio Olarra Guridi.
La situación de algunos de los presos más significativos de la organización terrorista también tuvo su influencia en la marcha del proceso de paz, ya que el año se inició con la decisión del Tribunal Supremo de establecer un nuevo cómputo de las redenciones de pena fijadas en el Código Penal de 1973.
La sentencia, dictada con motivo de un recurso del etarra Henri Parot, supone en la práctica ampliar de veinte a treinta años el tiempo de cumplimiento efectivo de condena de presos como el propio Parot, Domingo Trotiño o Antonio López Ruiz, "Kubati".
Las huelgas de hambre protagonizadas por De Juana Chaos, una antes y otra después del juicio en el que fue condenado a 12 años y siete meses de prisión, y la actitud desafiante que etarras como Francisco Javier García Gaztelu, "Txapote", o Ignacio Bilbao, mostraron en los tribunales también contribuyeron a la sensación de que el proceso de paz no termina de arrancar.
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