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Noticias: EFE
La aprobación de ley de dependencia, con flecos aún por cerrar para su aplicación, y la ley de igualdad -cuya tramitación parlamentaria será intensa- polarizaron el interés en materia social durante 2006, en el que se anunció la mejora de la asignación del IRPF a las ONG y se supo que el 20% de la población vive debajo del umbral de la pobreza.
En un año muy activo desde el punto de vista legislativo, el Parlamento abordó la ley que permitirá a los transexuales cambiar de nombre y de sexo en el Registro Civil sin cirugía y, en cumplimiento de un compromiso electoral, el Gobierno trabajó a fondo para sacar adelante la que considera su iniciativa estrella de esta legislatura: la ley de dependencia.
La nueva normativa, muy criticada por algunos partidos nacionalistas por entender que invade masivamente las competencias autonómicas en servicios sociales, configurará el sistema de autonomía y atención a la dependencia como cuarto pilar del Estado del Bienestar, tras el sistema sanitario, el educativo y el de pensiones.
Establece un nuevo derecho universal que garantiza la atención y el cuidado a quienes no pueden valerse por sí mismos, básicamente mayores de 65 años y discapacitados.
Durante su tramitación, la ley superó vetos y enmiendas a la totalidad, incorporó múltiples propuestas de los grupos políticos y mejoró su contenido, poniendo bajo su paraguas protector a las personas con discapacidad intelectual, con enfermedad mental y a los menores de tres años con graves discapacidades (no recogidas en el texto inicial).
Desde 2007, las personas serán evaluadas para determinar su grado de dependencia y las prestaciones a las que tendrán derecho. Nadie quedará sin atención por falta de recursos, aunque la mayoría hará una aportación para sufragar el coste del servicio, todavía pendiente de determinar.
A diferencia del anterior proyecto, acordado con sindicatos y empresarios, la CEOE se opuso desde el primer momento a la ley de igualdad y llegó a afirmar que el acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos sobre el texto suponía un "rejón de muerte" al diálogo social.
La patronal es contraria a la obligación de negociar medidas o planes de igualdad en las empresas -aunque la ley no imponga la necesidad de alcanzar resultados- y tampoco le agrada la incorporación por ley de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas.
El proyecto de Igualdad fija la paridad obligatoria en las listas electorales (ningún sexo podrá tener menos del 40%) y garantiza ese equilibrio en los nombramientos del Consejo de Ministros.
En junio, el Ejecutivo envió el texto a las Cortes y acordó rebajar las exigencias para las empresas, que tendrán ocho años, en vez de cuatro, para alcanzar el 40 por ciento de mujeres en sus consejos de administración, sin necesidad de cubrir cuotas anualmente.
La ley, cuyo principal artífice ha sido la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, introduce medidas de carácter laboral como el permiso de paternidad de ocho días, que todos los grupos desean ampliar durante la tramitación parlamentaria. Entre las noticias inesperadas de 2006 figuró el acuerdo para elevar la asignación del IRPF a las ONG -del 0,5 al 0,7 por ciento-, lo que puede traducirse en un tercio más de financiación para estas organizaciones.
Poco antes, el Gobierno había acordado un modelo de financiación con la Iglesia, que elimina la aportación del Estado y sube al 0,7 el 0,5 por ciento del IRPF, porcentaje que el contribuyente asigna a la Iglesia o "a otros fines sociales" en su declaración de la renta.
En 2006, el INE difundió datos que tambalean la presunta fortaleza del Estado del Bienestar: un 20 por ciento de la población residente en España vive por debajo del umbral de la pobreza; uno de cada tres hogares de personas mayores percibe ingresos inferiores a los 9.000 euros anuales y casi la mitad de los hogares españoles no pueden permitirse unas vacaciones de al menos una semana al año.
En la misma línea, Caritas denunció que uno de cada cuatro niños que viven en España se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, alrededor de 1,8 millones, de los que un 3 por ciento son pobres severos.
Según los cálculos de esta organización de la Iglesia, España tiene en total 8,5 millones de pobres.
Por último, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia (2006-2009), que prevé un Plan de Atención Temprana para menores dependientes y la mejora en la detección y atención del maltrato infantil.
En los últimos cinco años, la cifra de menores maltratados en el ámbito familiar se ha multiplicado por más de dos: ha pasado de 2.614 a 6.438.
La escasez de anchoa, que ha forzado de nuevo a la Comisión Europea a mantener la prohibición de pescar en el golfo de Vizcaya por segundo año consecutivo, la inminente vuelta de la flota pesquera comunitaria al caladero marroquí y los apresamientos en aguas internacionales, sobre todo en las inmediaciones de Noruega, han marcado el año 2006.
La Comisión Europea (CE) prohibió en el mes de julio la pesca de la anchoa o bocarte en el Golfo de Vizcaya, hasta el 31 de diciembre de 2006, tras comprobar que los informes científicos demostraban la escasez de la anchoa en esta zona.
La UE había acordado en diciembre de 2005 que si a mediados de 2006 las existencias de biomasa eran inferiores a 28.000 toneladas la CE podría vedar unilateralmente la pesca, tal y como ocurrió al final.
Un segundo punto destacable han sido los TACs o cuotas para las especies de aguas profundas para el 2007, que están tomando cada vez más peso por la sensibilidad en defensa de los caladeros y la sostenibilidad de los mismos.
De igual forma el acuerdo de pesca con Marruecos, en puertas de concluir la travesía, fue otro de los asuntos que marcó la política pesquera de este año.
El retraso ha sido el punto de debate, ya que a un año después de su firma, la entrada definitiva en vigor y vuelta de la flota al caladero marroquí mantiene a día de hoy a todos en vilo.
En el sector de la pesca, junto al problema de los recursos, y en la Administración constituyen un motivo de preocupación los apresamientos de varios barcos españoles en otros caladeros y la imagen negativa que produce para el conjunto de la flota española que tiene necesidad de pescar en otros países.
Este año los apresamientos más significativos se produjeron en el mes de julio, en aguas internacionales del archipiélago de Svalbard, con la detección de tres barcos españoles, pertenecientes a la armadora Transpesca, primero el "Arosa 15, y posteriormente el "Arosa 9" y el "Arosa 12" bajo la acusación de pesca ilegal y de haber soprepasado la cuota anual de bacalao correspondiente a España.
Estos hechos han reabierto la vieja herida diplomática con las autoridades noruegas.
Junto con este proceso, el reparto entre las Comunidades Autónomas del nuevo Fondo Europeo de Pesca (FEP) para el periodo 2007-2013, que contarán con cerca de 1.005 millones de euros, y que viene a sustituir al viejo Instrumento Financiero para la Ordenación Pesquera (IFOP), fue otro de los asuntos que centró la atención del sector pesquero.
No es el fondo que reclamaba del todo el sector pesquero, pero en tiempos de ajustes y recortes, el balance final ha sido positivo.
Este año 2006 se mantuvo la preocupación por los precios del gasóleo, aunque la diferencia en relación con otros años es que se están buscando algunas alternativas muy complejas y nunca de aplicación inmediata.
A la escalada de precios del gasóleo se han sumado este año algunos problemas como el acceso a nuevas aguas, la falta de recursos suficientes en aquellos donde se pueden operar y fundamentalmente la competencia en aumento con países terceros cuyos costes de explotación son inferiores.
También dieron que hablar las pesquerías ilegales, y la mala situación de algunos recursos, entre ellos el atún rojo o el pez espada.
La entrada en vigor de la nueva Política Agrícola Común y el régimen de pago único y las ayudas desacopladas han definido un año 2006, que ha continuado en el ciclo de la sequía y ha estado sacudido por las enfermedades animales, especialmente por la gripe aviar y la lengua azul.
Por tercera vez en seis años los agricultores y ganaderos han tenido que adaptarse a nuevos sistemas de ayuda tras la reforma del año 2000, la transitoria de 2003 y la nueva PAC que entró en vigor en enero de 2006 con el establecimiento de la modulación y el desacoplamiento de parte de las ayudas.
Este primer año de aplicación apenas ha tenido incidencia el régimen de pago único, ya que las superficies de siembra se han mantenido sin apenas variación, con tan sólo algunos desvíos de trigos duros a blandos, caída en la superficie de leguminosas y en los principales cultivos industriales afectados por las reformas de las organizaciones comunes de mercado del tabaco y la remolacha.
El cultivo del algodón fue el principal perjudicado con la entrada en vigor de la nueva legislación comunitaria, y sufrió un fuerte retroceso de más del 50% en Andalucía, Comunidad que concentra la mayor parte de la producción en España.
Aunque el pasado mes de septiembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el sistema de ayudas al sector algodonero, productores e industria tendrán que esperar hasta que la Comisión Europea apruebe un nuevo reglamento al respecto.
Por su parte, el Gobierno apuesta por la implantación de cultivos energéticos como alternativa a producciones tradicionales, y espera que alcancen en 2009 más de un millón de hectáreas de superficie en España.
En el sector ganadero la aplicación de la nueva PAC no ha repercutido en los censos que se han mantenido estables y tan sólo se ha notado cierto déficit estructural en el abastecimiento de pasteros, de los que España importa al año 1,3 millones de reses y que ante la bajada de la producción comunitaria han mantenido una tendencia alcista en los precios.
En 2006 se aprobó un nuevo reglamento europeo y un nuevo presupuesto con el que se financiará las acciones en el medio rural para el próximo sexenio 2007-2013.
La principal novedad ha sido la de destinar un fondo propio para este fin, denominado Fondo Europeo para el Desarrollo Rural (Feader), del que España ha recibido 7.213,9 millones de euros para todo el periodo y que se debe emplear en tres ejes: competitividad agraria, medio ambiente y diversificación económica del medio rural.
Desde primeros de año la influenza aviar sacudió la cabaña avícola nacional, que en la primavera, y mucho antes de la llegada a España de un ave silvestre contagiada del virus, provocó una caída de hasta el diez por ciento del consumo de la carne de ave que se fue recuperando y hasta se llegó a compensar con los buenos precios del final del ejercicio y las ayudas de la Unión Europea.
Cuando en julio se encontró un somormujo lavanco (ave silvestre) en el País Vasco infectado de gripe aviar se pusieron en marcha todas las medidas contempladas en los protocolos de control y erradicación de la enfermedad y se logró evitar la alarma social y cualquier tipo de contagio entre aves silvestres y domésticas.
La lengua azul también determinó el comportamiento de los ganaderos que aplicaron un sistema de vacunación masivo a todas las especies susceptibles de contraer esta epizootia que no representa ningún peligro para salud pública y tan sólo repercute en limitaciones al movimiento de ganado.
El aceite de oliva se convirtió en el producto más inflacionista del año, debido a una cosecha más reducida que las anteriores y a la retención en origen. Hasta después del verano no se apreciaron bajadas para el consumidor, dado que las estimaciones de una nueva cosecha, la 2006-7, son excelentes.
La futura OCM de frutas y hortalizas también centró parte del debate agrario en 2006, año en el que se apuntaron las líneas sobre las que girará la nueva reforma del sector, si bien las negociaciones no se llevarán a cabo hasta el año que comienza ahora.
La llegada de turistas extranjeros a España puede lograr un nuevo récord por quinto año consecutivo y superar los 55,6 millones con los que se cerró el 2005, y crecerá, si no el 6 por ciento del pasado año, sí por encima del cuatro.
Las últimas cifras que ha dado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, referidas a los diez primeros meses del año, hablan de la llegada de casi 52 millones de turistas, a falta de dos meses del cierre, lo que supone un 4,8 por ciento de incremento respecto al mismo periodo del año anterior.
Si valoramos este incremento y apuntamos a la baja hacia el 4 por ciento, nos encontramos con que a 31 de diciembre podemos hablar de más de 56,5 millones de turistas, con lo que se bate un nuevo récord, por quinto año consecutivo.
En el 2001 el aumento fue de un 4,7 por ciento, un 3,6 por ciento en 2002, un 1 por ciento en 2003, mientras que en 2004 se aumentó hasta el 3,1 y en el 2005 el 6 por ciento y los ya mencionados 55,6 millones.
No obstante, a pesar de la contundencia de estas cifras de llegadas, lo cierto es que el dinero que dejan nuestros visitantes no es todo el que tanto empresarios como Gobierno quisieran.
El secretario general de turismo, Raimon Martínez Fraile, ha declarado más de una vez que lo importante no es superar récord, ni tener cada vez más visitantes, sino que "estos se dejen más dinero y prolonguen su estancia".
El 2005 se cerró con más de 46.000 millones de euros de gasto, un 4,5 por ciento más que en el año anterior, y en los diez primeros meses del 2006 la cifra ha llegado a los 40.532 millones de euros, un 3 por ciento más que en el mismo periodo de 2005, pero en este aspecto parece complicado que en 2006 se puedan superar los resultados del año anterior.
De todas formas, y según los datos que baraja la Organización Mundial de Turismo (OMT), España sigue ocupando el segundo puesto en la relación mundial del número de llegadas de turistas, por detrás de Francia, aunque este hecho es cuestionable, dado que los franceses utilizan una fórmula diferente a la nuestra que acepta visitante como turista (el primero no pernocta en el país y el segundo sí).
También se mantiene en el segundo lugar por los ingresos, esta vez por detrás de Estados Unidos.
A lo largo del año también se ha puesto de manifiesto que no se ha agotado el concepto de "sol y playa", sino que lo que ha ocurrido es que se han buscado alternativas complementarias como son el turismo verde, el cultural, el idiomático..., y, sobre todo, la desestacionalización de las vacaciones.
Por otra parte, hay que resaltar la buena marcha de la Sociedad de Paradores de Turismo, que va a cerrar el ejercicio con más de 25 millones de euros de beneficio, con un aumento del 7,38 por ciento, con la realización de diferentes obras de mejora en ocho establecimientos.
El 2007 será el de nuevas aperturas en La Granja de San Ildefonso (Segovia) y Cruz de Tejeda (Gran Canaria), con un gran impulso a las obras del parador de Alcalá de Henares (Madrid), que se inaugurará en el 2008.
En cuanto a la industria hotelera privada, ha habido un gran movimiento y mucha rumorología de compra entre Sol Meliá, NH, Barceló, AC Hoteles, Occidental, Hesperia, Riu...
Lo único que ha quedado claro es la expansión de nuestras principales cadenas en el mercado de los países latinoamericanos, en especial en el Caribe, en zonas africanas como Cabo Verde, y en tierras europeas de Italia y Alemania.
Con todo, y pese a la buena salud de que parecen gozar nuestras empresas hoteleras, los empresarios siguen quejándose de los precios contenidos y de lo que "les aprietan" los touroperadores a la hora de contrata sus camas.
El horizonte del 2007 parece verse con esperanzas de que se mantenga el interés de los principales mercados emisores, como son Alemania y Reino Unido, y que estos países sigan confiando en el sol, la playa y la calidad española, muy superior al resto de los países del aérea mediterránea que se suponen son competidores.
El precio de la vivienda en España continuó en 2006 con una clara tendencia de desaceleración, al registrar, por primera vez en cinco años, una subida inferior a los dos dígitos.
Las últimas estadísticas oficiales del Ministerio de Vivienda revelan que el precio de la vivienda libre subió en septiembre a una tasa interanual del 9,8 por ciento.
Esta tasa, que podría reducirse aún más en el conjunto del ejercicio, supone una bajada de tres puntos porcentuales respecto a la registrada al cierre de 2005.
Además, son numerosas las fuentes que vaticinan que los precios terminarán de aterrizar en 2007, hasta situar su tasa de crecimiento en niveles similares a los del ndice de Precios de Consumo (IPC).
Las estadísticas del Departamento que dirige María Antonia Trujillo revelan que el precio de la vivienda ha caído de manera puntual en alguna comunidad autónoma, como Navarra, Asturias, Comunidad Valenciana y Canarias, pero la mayoría de los analistas insiste en que no hay riesgo de que se produzcan correcciones bruscas.
En cambio, los expertos sí reconocen que el ciclo alcista de los tipos de interés influirá cada vez más en la evolución del mercado.
El importe medio de las hipotecas contratadas para comprar una vivienda superó por primera vez en septiembre los 145.000 euros, con un aumento del 11,7 por ciento en sólo doce meses.
En ese periodo, la cuota mensual de una hipoteca media ha pasado de 565,6 a 744,3 euros, un importe que ya exige un esfuerzo considerable para muchas familias, y que dificulta aún más el acceso a la vivienda.
Con el precio de la vivienda por las nubes, y con la subida de los tipos como telón de fondo, la mayoría de las fuentes vaticinan que el mercado terminará por enfriarse definitivamente el año próximo.
La sociedad de valoración y tasación Cohispania, que elabora uno de los informes más exhaustivos sobre el mercado de la vivienda en España, prevé que los precios subirán una media del 5,78 por ciento en 2007, frente al 8,21 por ciento previsto para 2006.
Además, espera que el precio de la vivienda suba en algunas provincias por debajo del IPC.
Otras consultoras, como Richard Ellis o RR. de Acuña & Asociados, predicen que la evolución de los precios de la vivienda se alineará con la del IPC en 2007 o, como muy tarde, en 2008, en línea con los comentarios hechos desde la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.
La desaceleración del mercado coincide con la puesta en marcha de dos proyectos estrella del Ministerio de Vivienda, el Código Técnico de la Edificación (CTE) y la nueva Ley del Suelo, que todavía está en trámite parlamentario y que previsiblemente entrará en vigor la próxima primavera.
El Proyecto de Ley del Suelo ya ha superado el primer trámite parlamentario, con el rechazo en el Congreso de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y CiU.
Esta iniciativa busca combatir la corrupción y la especulación urbanística, aumentar la transparencia, y garantizar más suelo para la vivienda de protección oficial (VPO).
Así, el texto podría incorporar una enmienda parcial propuesta por el PSOE, para que toda actuación urbanística que implique un aumento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo urbanizado de un municipio, tenga que ser revisada con los máximos controles previstos en la legislación autonómica.
El CTE, que entrará en vigor en su totalidad en marzo de 2007, permitirá mejorar la calidad, la seguridad y la habitabilidad de las viviendas, y obtener ahorros de energía en los edificios de entre el 30 y el 40 por ciento.
El Ministerio de Vivienda también continuó con su apuesta por el mercado del alquiler, aunque la oposición parlamentaria mantuvo sus críticas a la Sociedad Pública del Alquiler (SPA) y una moción para la supresión de este organismo consiguió salir adelante en el Senado, con el apoyo de PP, CiU y BNG.
El Ministerio que dirige María Antonia Trujillo defiende que esta sociedad ha logrado más que doblar sus objetivos en su primer año de funcionamiento, al contabilizar más de 2.200 contratos formalizados.
Por último, cabe destacar la reciente visita a España del relator especial de Naciones Unidas para asuntos de Vivienda, Miloon Kothari, a petición del propio Gobierno.
Kothari, que entregará al Ejecutivo en un plazo de tres meses un informe con un diagnóstico y una serie de recomendaciones, avanzó que en estos momentos hay un 25 por ciento de la población española fuera del mercado de la vivienda, debido principalmente a los altos precios, y constató el "problema grave" de la especulación urbanística en España.
La pugna por el control de Endesa entre Gas Natural y E.ON, la entrada de las grandes constructoras en el capital de las compañías energéticas y la revisión del marco normativo del sector, en especial del sistema de tarifas eléctricas, han marcado el ejercicio 2006.
En este contexto, Iberdrola ha dado un paso adelante para convertirse en una de las grandes eléctricas europeas, con la oferta de compra por Scottish Power, y Joan Clos ha sustituido a José Montilla, nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, al frente del Ministerio de Industria.
La opa de Gas Natural sobre Endesa se topa a principios de enero de 2006 con los primeros obstáculos. El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) recomienda al Gobierno que no autorice la oferta de la compañía gasista, aunque el Ejecutivo decide finalmente aprobarla con condiciones.
La situación se complica en febrero, ya que el grupo alemán E.ON presenta una opa competidora con un precio más elevado, y termina de enredarse en marzo y abril, cuando el juzgado de lo mercantil número tres de Madrid y el Tribunal Supremo suspenden cautelarmente la oferta de Gas Natural.
Las suspensiones cautelares paralizan el proceso y generan una cascada de recursos de los agentes afectados, que llegan hasta el Tribunal Constitucional.
La opa de E.ON tampoco se encuentra un camino de rosas. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) establece una serie de condiciones para autorizar la oferta, que el grupo alemán, al igual que Endesa, Gas Natural e Iberdrola, recurren ante el Ministerio de Industria.
Las condiciones de la CNE y las nuevas facultades del regulador energético enturbian las relaciones entre el Gobierno y la Comisión Europea (CE), que abre sendos procedimientos de infracción contra España, aún sin resolver.
La tensión con Bruselas llega a tal punto que el Ejecutivo se plantea modificar las condiciones de la CNE, aprovechando la resolución de los recursos presentados.
Las modificaciones introducidas por Industria, ya con Clos al frente del departamento, satisfacen a E.ON, pero no a la CE, que mantiene los procedimientos de infracción contra España.
Una vez superado el trámite en la CNE, la opa del grupo alemán recibe también el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero queda paralizada al igual que su competidora.
En ese momento y en un intento de desbloquear la situación, Endesa pide al juzgado de lo mercantil número tres de Madrid y al Tribunal Supremo que levanten las suspensiones cautelares. No se espera una respuesta de ninguna de las dos instancias hasta principios de 2007.
En resumen, a lo largo del año, la opa de E.ON ha superado los trámites que ya había resuelto la de Gas Natural, pero ambas han quedado paralizadas.
Sin embargo, las cosas han cambiado en ese periodo, sobre todo porque Acciona, la constructora de la familia Entrecanales, ha tomado una participación relevante en Endesa, lo que abre la puerta a la creación de un núcleo accionarial que podría echar por tierra la opa de E.ON y garantizar la españolidad de la eléctrica.
A rebufo de Acciona, otra constructora, ACS, entra en el capital de Iberdrola, y una tercera, Sacyr, se hace fuerte en Repsol YPF.
El caso de ACS plantea nuevas posibilidades en el tablero energético, ya que la constructora, presidida por Florentino Pérez, es también accionista de referencia de Unión Fenosa.
El entorno de ACS no niega que el objetivo final es una fusión entre las dos eléctricas, pero siempre que se modifique el actual marco normativo, que limita en gran medida las posibilidades de integración.
A finales de noviembre, un nuevo elemento irrumpe en el escenario eléctrico: Iberdrola logra un acuerdo con Scottish Power para presentar una oferta de compra por el cien por cien del capital del grupo escocés.
De concretarse la operación, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán entrará en la elite del sector en Europa.
El acuerdo con Scottish pone entre interrogantes la posible fusión con Unión Fenosa. Sánchez Galán asegura que la operación facilita una eventual integración de las dos eléctricas, pero el presidente de Fenosa, Pedro López Jiménez, no lo ve tan claro.
En este ambiente, el Ministerio de Industria avanza en su revisión del marco normativo del sector energético.
En el punto de mira, cuestiones como el sistema de tarifas eléctricas, la retribución de las energías renovables, el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista, los contratos bilaterales o la trasposición de las Directivas europeas en materia de gas y electricidad.
En el capítulo tarifario, 2006 ha sido el primer año con dos subidas, una en enero y otra en julio. El objetivo, aún no conseguido, es evitar el déficit de tarifas (diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico), que en 2005 superó los 3.800 millones de euros.
El Ministerio de Industria ha enviado ya a la CNE la propuesta de Real Decreto de Tarifas Eléctricas para 2007, que contempla una subida del 2,8 por ciento para los consumidores domésticos y del 5,52 por ciento, como media, para el resto. Las tarifas del gas natural subirán también el 2,8 por ciento.
Los hipotecados han sufrido este año un duro golpe en sus bolsillos debido a la subida en más de un punto del euribor, que con su repunte ha dificultado aún más el acceso a una vivienda y ha perjudicado a las economías familiares, que tienen que hacer frente a una cuota "de más" al año.
Con esta subida, motivada por la decisión de Banco Central Europeo (BCE) de incrementar los tipos de interés en la zona euro por primera vez en seis años para controlar la inflación, el euribor se ha situado en el entorno del 3,84 por ciento, su nivel más alto desde junio de 2002.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de las hipotecas suscritas para la compra de vivienda en diciembre de 2005, cuando el euribor era del 2,78 por ciento, ascendió a 132.219 euros.
Con la subida de intereses, los usuarios a los que estos días les toca revisar su préstamo a 25 años verán cómo su cuota mensual se encarece en 74 euros, hasta los 686 euros, lo que en el conjunto del año representa un incremento de 888 euros, el equivalente a más de una cuota.
Según los últimos datos del INE, en septiembre de este año el importe medio de las hipotecas contratadas para comprar una vivienda ha superado por primera vez los 145.000 euros, lo que supone un esfuerzo más para los usuarios, que a la subida de tipos tienen que añadir el incremento del precio de los pisos.
Desde diciembre de 2005, cuando el precio del dinero estaba al 2 por ciento, el BCE ha ordenado seis subidas de un cuarto de punto -hasta situar el tipo oficial de la eurozona en el 3,50 por ciento-, con la intención de moderar la inflación y reducir la masa monetaria en manos de los usuarios.
Para alivio de los ciudadanos, los expertos prevén que el BCE mantendrá estables los tipos en sus próximas reuniones y estiman que el euribor, con el que los bancos adelantan el que creen que será el precio del dinero a un año vista, moderará su crecimiento e incluso, para los más halageños, podría descender.
Según sus previsiones, en 2007 los tipos subirán como mínimo hasta el 3,75 por ciento, aunque existe la posibilidad de que acaben en el 4 por ciento; y el euribor repuntará entre 10 y 15 puntos básicos.
Aunque a primera vista parezca que el encarecimiento de las hipotecas contribuye a subir la inflación, el efecto es el contrario, ya que las familias, antes de perder su casa, reducen cualquier otro gasto, lo que alivia la presión sobre los precios.
En España, la subida de tipos ha encendido todas las alarmas debido el alto endeudamiento de los hogares, principalmente por el precio de la vivienda, que desde 2000 se ha duplicado.
Ante este panorama, las asociaciones de consumidores temen que muchos ciudadanos pierdan sus casas porque han llegado a un punto en el que ya no pueden apretarse más el cinturón para hacer frente a nuevas subidas de tipos, por lo que han pedido insistentemente al Gobierno que adopte medidas para paliar la situación.
Entre otras iniciativas, exigen una ley que proteja a las familias ante situaciones de insolvencia derivadas del alto endeudamiento que soportan, al tiempo que instan a las entidades financieras a que sean más estrictas a la hora de conceder hipotecas, algo en lo que coinciden con el Banco de España.
En respuesta a las peticiones de los usuarios, el Ejecutivo ha anunciado que habrá una nueva ley hipotecaria que, entre otras novedades, abaratará los costes del cambio de hipoteca para que los ciudadanos cuenten con más apoyos para negociar sus préstamos y conseguir mejores condiciones de pago.
Frente a la visión más alarmista, está la opinión de otros organismos como la Asociación Hipotecaria Española o la Fundación de Cajas de Ahorros, que opinan que son pocos los hogares que realmente no pueden hacer frente a sus hipotecas y que recuerdan que antes de pedir un préstamo de este tipo la gente hace muchas cuentas para saber si podrá afrontarlo.
Sin embargo, es un hecho que los intermediarios financieros y, sobre todo, las empresas de refinanciación de deudas han proliferado como "setas" en los últimos tiempos y han encontrado un filón entre los hipotecados españoles, que se resisten a controlar su consumo.
También quieren sacar tajada de este pastel los bancos y cajas tradicionales, que para competir con las financieras se han apuntado al crédito rápido, cuyo interés se sitúa en el entorno del 20 por ciento, y al que cada vez recurren más víctimas del "consumismo".
La Bolsa española cerrará por cuarto año consecutivo con ganancias y con una revalorización en torno al 30 por ciento, tras batir la histórica barrera de los 14.000 puntos, apoyada en los sectores eléctrico, inmobiliario y financiero, y al calor de los movimientos corporativos y las opas y contraopas.
Aunque la mayoría de las firmas de bolsa apostaba al inicio de 2006 que el parqué español cerraría con una ganancia en torno al 10 por ciento, una vez más, las predicciones han fallado, y la realidad es que el Ibex ha vivido uno de sus mejores ejercicios, precisamente el año en el que la Bolsa de Madrid ha cumplido su 175 aniversario.
La revalorización del mercado español, a tan solo unas jornadas para concluir el año, duplica, cuando menos, las ganancias de los mercados del viejo continente, ya que Fráncfort acumula avances del 17 por ciento; París, del 12 por ciento, y Londres, en torno al 7 por ciento, mientras que la de Nueva York gana alrededor de un 16 por ciento.
Según la mayoría de expertos, el éxito de la Bolsa radica en que los inversores han decidido cambiar sus inversiones en ladrillo, ante la ralentización del sector, por la Bolsa, que lleva dos años consecutivos cosechando ganancias superiores a las conseguidas por los inmuebles.
En cualquier caso, este año, los principales motores del crecimiento de la Bolsa española han sido los sectores eléctrico y eólico, con Endesa, Gamesa, Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa; el inmobiliario, con Sacyr-Vallehermoso, Metrovacesa, ACS, FCC y Acciona; y el financiero, con el Santander, BBVA, Banesto, Popular y Sabadell.
En la mayor parte de estos sectores, el precio de la acción se ha disparado, debido a las opas lanzadas o a los rumores de posibles ofertas de compra.
Por ejemplo, en el caso de Metrovacesa, el valor se ha revalorizado este año el 156 por ciento, seguido de Sacyr, con el 127 por ciento; Endesa, con el 77 por ciento, y Acerinox, con el 73 por ciento.
Sin embargo, no ha sido oro todo lo que ha relucido, y la Bolsa se ha visto penalizada por el sector de los medios de comunicación, que no ha vivido un buen año, así como por el de aviación, y en concreto, Iberia.
Sogecable, Antena 3 y Prisa, han registrado caídas de casi el 24 por ciento, el 10 por ciento, y el 2,29 por ciento, respectivamente, mientras que Iberia, se ha revalorizado este año un escaso 17 por ciento.
Lo cierto es que un 30 por ciento de los valores que cotizan en el mercado continuo, se han revalorizado más del 50 por ciento este año.
Esta solidez de la Bolsa española se explica, en el retorno de la inversión en ladrillo a la Bolsa, los beneficios empresariales y la política de reparto de dividendos en las cotizadas, la gran liquidez del mercado, y la expansión hacia Latinoamérica, que está dando sus primeros frutos.
Las opas lanzadas -Endesa, Metrovacesa, Sacyr Vallehermoso, Inmocaral, Fadesa, Urbis, Colonial, o NH, entre las más llamativas y rumores de posibles opas, que han sobrevolado en torno al BBVA- han beneficiado a la cotización de las acciones, beneficiando, sin duda, a sus accionistas.
Pero no sólo las opas y contraopas han constituido este año el marco de la bolsa, sino también las numerosas salidas de empresas al parqué, ni más ni menos que diez: Renta Corporación, Parquesol, Grifols, Astroc, GAM, Técnicas Reunidas, BME, Riofisa, Vocento y Vueling.
La que mejor acogida tuvo en su estreno fue la de la catalana Grifols, que logró en su primer día una subida del 15,7 por ciento, seguida por Vueling, que cerró su primera jornada con una revalorización cercana al 10 por ciento.
Independientemente de opas, contraopas, y salidas a Bolsa, este año pasará a la historia por el de la creación del Código Unificado de Buen Gobierno, el llamado "Código Conthe", con el que se pretende defender los intereses de los accionistas, impulsando la transparencia en el buen gobierno de las empresas.
El petróleo también ha actuado como condicionante de la bolsa, al alcanzar en agosto el máximo histórico de 78,30 dólares, a lo que se ha unido el debilitamiento del dólar frente al euro.
Por tanto, actualmente, la renta variable está inmersa en una importante racha alcista; sin embargo, los analistas siempre insisten en que ellos no tienen la bola de cristal para predecir si el actual rally va a continuar o cuanto tiempo más va a durar.
En cualquier caso, nadie pone en duda que la inversión en bolsa conlleva un alto riesgo, como lo demuestra el desplome que sufrió entre los años 2000 y 2002.
Las entidades financieras españolas terminarán en pocos días el que bien puede considerarse "el año de los rumores", en el que cualquier compra o fusión parecía posible y hasta lógica, desde la unión del Sabadell y Bankinter, hasta la absorción del BBVA por el Santander.
El tornado de rumores que se desató en el sector financiero español llegó a tal nivel que el Santander se vio obligado a saltar a la palestra, para desmentir de forma categórica que fuera a desprenderse de Banesto, para después comprarse el BBVA.
Por suerte, estos y otros rumores, que nunca se materializaron, sirvieron para empujar las cotizaciones bursátiles de las entidades implicadas, pero no influyeron de forma negativa en la evolución del sector, que sigue cosechando resultados récord y que podría terminar el año con más de 25.000 millones de euros de beneficios, después de haber ganado cerca de 19.300 millones en los nueve primeros meses.
Las plusvalías por la venta de participaciones -sobre todo en el caso del BBVA y La Caixa- volvió de nuevo a ser un gran empuje para las cuentas de las entidades financieras, aunque también lo fue el auge crediticio -las hipotecas desaceleran, pero siguen dando mucho juego-, la contención de costes y la aportación de las filiales extranjeras de los grandes.
Las entidades mantuvieron su ritmo, sin que los rumores llegaran a buen término, aunque algunos de los principales actores cambiaron.
Sin ir más lejos, en enero dejaba su puesto quien hasta entonces lideraba los movimientos económicos mundiales desde la Reserva Federal, el "maestro" Alan Greenspan, que ya se ha convertido en toda una leyenda.
En España, Jaime Caruana dejó paso a Miguel ngel Fernández Ordóñez al frente del Banco de España; José Luis Leal hizo lo propio con Miguel Martín, en la patronal de banca (AEB); José García Cantera sustituyó a Federico Outón como consejero delegado de Banesto, y Javier Valls dejó la presidencia del Popular en manos de Angel Ron.
El nombramiento de Fernández Ordoñez como gobernador del Banco de España estuvo acompañado de una gran polémica, por su carácter "marcadamente político", aunque pasados unos meses desde su llegada al puesto, ya nadie le echa en cara su pasado.
Tras tanta controversia, el nuevo gobernador se comprometió en su discurso de investidura a mantener la independencia de la institución, cuya autonomía, dijo, es "necesaria" e "inexcusable", si quiere cumplir adecuadamente sus fines.
También Miguel Martín -antiguo subgobernador del Banco de España- llegó a la AEB con ganas de paz, y en su primera intervención pública, tendió una mano a sus "amigas" las cajas de ahorros, para colaborar conjuntamente en buscar un sistema financiero "indivisible" y "cada vez mejor y más eficiente".
No duró mucho la "paz", porque pocos meses después, las cajas de ahorros lanzaron una campaña publicitaria sobre su obra social -con anuncio en televisión incluido-, con el lema "nuestras acciones cotizan en la vida", que disgustó mucho a los bancos, porque la consideraron un ataque a su actividad y a su forma de actuar.
Cuando todavía quedaban rescoldos de ese debate, las cajas lanzaron un nuevo órdago.
La Caixa decidió sacar a bolsa su grupo de participaciones empresariales y dejó entrever que los ingresos podría dedicarlos a adquirir un banco en el extranjero.
Ese aviso sirvió a muchas otras cajas, como Caja Madrid, para anunciar su intención de saltar fronteras o, simplemente, para defender su derecho a hacerlo, lo que llevó al gobernador del Banco de España a explicar que estudiará "caso a caso" y con "cuidado" las operaciones que le planteen, siempre que haya en el sector avances en disciplina de mercado.
Las cajas han decidido salir al exterior, porque el organismo supervisor no les deja comprar bancos en España y sus posibilidades de crecimiento se quedan limitadas a seguir rentabilizando las ansias crediticias de empresas, familias y Administraciones Públicas, cuyas deudas superan ya los dos billones de euros.
Sólo las hipotecas de los hogares se elevan a 550.000 millones de euros, tras crecer un 21,9 por ciento en un año en el que los tipos de interés han subido cinco veces, y el Euribor, el principal indicador para calcular el precio de estos préstamos, se ha acercado peligrosamente hasta el 4 por ciento, frente al 2,783 por ciento del cierre de 2005.
Para tranquilidad de los hipotecados, el Gobierno está tramitando la reforma de la Ley Hipotecaria, que puede ayudar a los más ahogados con las subidas de tipos.
Además de este cambio normativo, las entidades tendrán que enfrentarse el próximo año a la llegada de la directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID), a la inminente aplicación de Basilea II, y a las negociaciones de los convenios laborales de bancos y cajas.
Pero eso no será lo más llamativo, si finalmente se cumplen algunos de los rumores que tanto se han cacareado el último año.
No olvidemos que el BBVA podría buscar comprar en Europa, que el Santander hace año y medio que no hace una gran compra, y que La Caixa puede encontrarse con 8.000 millones de euros para gastar.
La presunta estafa de más de 5.000 millones de euros a 400.000 clientes de Fórum Filatélico y Afinsa y las operaciones antiblanqueo desplazaron en 2006 la atención que tenía puesta el mundo financiero a los pleitos a grandes banqueros del país, como Emilio Botín y Emilio de Ybarra.
Una vez exculpado del caso de las jubilaciones millonarias, junto al ex presidente del SCH José María Amusátegui y el ex consejero delegado Angel Corcóstegui, Botín deberá esperar hasta ver si se celebra el juicio de las cesiones de crédito de nuda propiedad, una modalidad de inversión en la que no se practicaron retenciones.
El Tribunal Supremo estimó que los consejos de administración que surgieron de las grandes fusiones bancarias (BBVA y SCH) dieron poderes a sus presidentes para decidir sobre las remuneraciones, como el caso de los fondos de pensiones constituido por Ybarra en American Life Company (19,24 millones de dólares), o el de las jubilaciones de 43,8 y 108,1 millones de euros pagadas a Amusátegui y Corcóstegui.
Queda por ver qué ocurrirá con la pieza iniciada por el juez Baltasar Garzón sobre las "cuentas secretas" (fondos extracontables del banco por 224 millones de euros), el único de los procesos que continúa vivo de los abiertos por el magistrado en 2001, sobre el que habrá juicio el próximo marzo.
En 2006, también se conoció la condena a cinco años de prisión para el financiero Javier de la Rosa por desviar dinero del Grupo Torras en su propio beneficio y también en favor del abogado Juan José Folchi, el empresario Jorge Núñez y el diplomático Manuel Prado, en dos operaciones conocidas como "Pincinco" y Oakthorn" (410 millones de dólares).
Botín, el presidente de Telefónica, Cesar Alierta, financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer y el actual presidente del PP de Cataluña, Josep Piqué, además de otros representantes del mundo financiero y político, acudieron como testigos a este juicio oral, que se prolongó más de ocho meses.
Este caso, que data de principios de los 90, volverá otra vez, en 2007, a la Audiencia Nacional, ya que será juzgada la operación "Croesus", en la Sala de lo Penal, que tiene pendiente otros juicios como el del caso "Gescartera".
A la espera de que se fije una fecha para el comienzo del juicio oral, el fiscal ya pidió once años de cárcel para el principal imputado, Antonio Camacho -actualmente en libertad bajo fianza-, y se sumó a las tesis de la juez Teresa Palacios, al declarar responsables civiles subsidiarios a Caja Madrid y a La Caixa.
Durante este año, se vivió la vuelta del juez Baltasar Garzón al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en sustitución de Fernando Grande-Marlaska, que dirigió la intervención judicial a Fórum Filatélico y otras varias operaciones antiblanqueo, que se desarrollaron en registros a bufetes de abogados; bancos, como BNP Paribas o Espírito Santo, y aseguradoras, como Cahispa.
La operación antifraude que llevó a cabo en 2005 el juez Fernando Grande-Marlaska contra dos despachos de abogados en Madrid y Barcelona, relacionados con listados del BBV Privanza Jersey, desembocó, un año después, en el bloqueo de cuentas por posible blanqueo de capitales por un montante superior a los 1.800 millones de pesetas.
En cualquier caso, todo son cuantías menores al agujero por más de 5.500 millones detectado, por el momento, en las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa, intervenidas en mayo pasado, tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción por estafa, insolvencia punible, delito contra la Hacienda Pública, administración desleal y blanqueo de capitales.
Precisamente, el juez Garzón ha separado del sumario principal la conexión de la operación Ballena Blanca, que investiga blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, con la presunta estafa de Fórum Filatélico, donde ya hay dos imputados: el abogado Domingo Cuadra y el empresario José Manuel Carlos Llorca, buscado por las policías de ocho países.
Además, en el orden mercantil, las gestiones de los 400.000 clientes para recuperar parte de su dinero, previa liquidación de las compañías, choca con los planes de viabilidad que han presentado los antiguos administradores de la sociedades filatélicos, dispuestos a demostrar que los sellos custodiados por Fórum y Afinsa valen más de 3.400 millones de euros.
También en 2006, se depositó el aval bancario más elevado de la historia judicial (mil millones de euros), que fue impuesto por el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid, como caución, para que Endesa pudiese continuar con su demanda contra la opa de Gas Natural.
En el ámbito penal, la Fiscalía Anticorrupción ha continuado investigando a trece antiguos directivos de Banesto, por no tributar por las acciones recibidas de la entidad en 1994, para el que juzgados de Santander y Getxo ya han dictado autos de transformación.
También se juzgará el próximo mes a algunos directivos de Abengoa, que participaron en la compraventa de una parte de Xfera, para los que Anticorrupción ha pedido tres años de cárcel por administración desleal.
A la espera de nuevas decisiones judiciales, aunque en este caso ya con una condena de más de tres años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo, están los "Albertos", quienes no llegaron a ingresar en la cárcel, debido a los recursos que han presentado ante el Tribunal Constitucional, admitidos a trámite.
Por el camino han quedado otros casos atascados en comisiones rogatorias, investigaciones largas o dilaciones procesales, pese a afectar a miles de inversores, como pudieran ser el de la Agencia de Valores de Aragón (AVA) -en el que se han pagado más de 36 millones de euros- y el abierto en la Audiencia Nacional contra el antiguo presidente de Eurobank, Eduardo Pascual.
La esperada reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre Sociedades -que entrará en vigor en 2007-, y la Ley de Prevención del Fraude fueron las novedades fiscales más destacables en 2006.
La reforma, principal objetivo económico del Gobierno en esta legislatura, tendrá un coste el primer año de 4.000 millones de euros, ya que los contribuyentes y las empresas pagarán menos por sus beneficios.
Además, en 2006, el Ejecutivo también aumentó en tres ocasiones el impuesto sobre el tabaco, y se comprometió a implantar la fiscalidad verde a partir del próximo año.
La reforma fiscal, en su texto final aprobado el 2 de noviembre, recogió importantes cambios respecto al original, validado por el Gobierno el 20 de enero.
Los tramos del IRPF quedarán reducidos a cuatro y el tipo máximo bajará del 45 por ciento actual al 43 por ciento. También se mejorarán las deducciones personales y familiares.
Una de las novedades en el IRPF es la desaparición del tipo mínimo del 15 por ciento y su sustitución por un primer tramo a tipo cero, que abarca el mínimo personal -que pasa de 3.400 a 5.050 euros- y la deducción por hijos.
Tras la aplicación de ese mínimo, que es distinto para cada contribuyente, se pagará el 24 por ciento hasta 17.360 euros.
Asimismo, la deducción por tener un hijo menor de tres años pasa de los 1.200 euros actuales a los 2.200 euros.
En cuanto a la desgravación por compra de vivienda, se eliminan los porcentajes del 20 por ciento y del 25 por ciento que se aplicaban en los dos primeros años, y se mantiene el del 15 por ciento sobre una aportación máxima de 9.015 euros.
Respecto a los planes de pensiones, se eleva a 10.000 euros, frente a los 8.000 actuales, la aportación máxima para los menores de 50 años, mientras que para los mayores de esa edad será de 12.500.
Cabe destacar como novedad el hecho de que ahora si los planes se rescatan de una vez, desaparece la exención fiscal para el cuarenta por ciento del capital.
Además, todos los productos relacionados con el ahorro tributarán al 18 por ciento, sin tener en cuenta el tiempo que se mantengan.
Sobre el Impuesto de Sociedades, las grandes empresas pagarán en lugar del 35 por ciento por sus beneficios, el 32,5 por ciento en 2007, y el 30 por ciento, en 2008, mientras que las pymes pagarán el próximo año el 25 por ciento, frente al 30 por ciento actual.
También se aprobó el proyecto de ley de Prevención del Fraude Fiscal, que es complementario a la reforma fiscal y a las medidas del Plan de Prevención puesto en marcha en febrero de 2005, que contenía unas trescientas actuaciones concretas para perseguir los fraudes más graves y complejos, y mejorar el cobro de la deuda descubierta.
Por ello, la mayoría de las medidas pretende mejorar la investigación por parte de la Inspección y evitar la ocultación de rentas, ya sea a través de tramas de fraude o de paraísos fiscales.
En este sentido, hay que destacar la denominada "Operación Medina", la de mayor envergadura en la lucha contra el fraude fiscal en España, con 45 detenidos y 38 registros en nueve autonomías.
Se desarticuló una trama organizada para eludir el pago del IVA, que habría dejado de ingresar en las arcas públicas unos 400 millones de euros, correspondientes al 16 por ciento de este impuesto que grava unas ventas de 2.500 millones de euros.
Asimismo, el próximo año, la Agencia Tributaria destinará 767,75 millones de euros a la lucha contra los incumplimientos tributarios y el fraude fiscal.
Por otra parte, en la próxima Campaña de Renta, los ciudadanos podrán pedir cita previa o solicitar el borrador de renta a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT), con el mando a distancia.
En 2006, se puso en marcha el envío de mensajes SMS para comunicar, a los contribuyentes que lo solicitaran, que su devolución ya ha sido emitida.
Y en 2007, la AEAT les avisará por SMS del envío del borrador de Renta, si bien todos estos mensajes también pueden verse en Internet, en el apartado de consultas, con el certificado de firma electrónica.
También entrará en vigor la "fiscalidad verde" (impuestos medioambientales), según consta en el texto de los Presupuestos Generales del Estado, que señala que "el Gobierno, incorporará a través de las reformas normativas necesarias, elementos de fiscalidad verde utilizando las figuras fiscales actuales o creando nuevas figuras".
Durante 2006, el Ejecutivo aprobó tres subidas de los impuestos sobre el tabaco, con el objetivo de "disuadir su consumo", y en 2007, el Gobierno también incrementará casi un céntimo de euro por litro el impuesto que grava la venta de gasóleo.
Además, en 2007, Hacienda dejará de ingresar 51.674 millones de euros como consecuencia de las desgravaciones fiscales de las que se podrán beneficiar los contribuyentes, lo que supone un incremento del 6,9 por ciento respecto a este año (3.329 millones más).
Las tan esperadas reformas del mercado laboral y de la Seguridad Social llegaron finalmente este año, y tal fue la intensidad de las negociaciones, que acabaron por agotar a uno de sus principales valedores, Valeriano Gómez, quien decidió dejar su cargo de secretario general de Empleo.
La renuncia de Gómez, a quien sustituye Antonio González, se producía el 29 de noviembre, porque "estaba muy cansado" y hacía tiempo que había planteado la necesidad de un cambio de actividad, explicaba el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.
Atrás dejaba un amplio rosario de acuerdos con los agentes sociales: reforma laboral, siniestralidad, estatuto del trabajo autónomo, desvinculación del salario mínimo interprofesional de las rentas no laborales, regulación de inmigrantes o mejora de la protección del desempleo agrario.
De estos pactos, el más laborioso fue la reforma del mercado laboral, que se firmó el pasado 9 de mayo, tras catorce meses de globos sonda y negociación.
Una de las medidas estrella es un plan de choque para la conversión de temporales en fijos -comenzó el 1 de julio y finaliza el 31 de diciembre-, por el que se incentiva con 800 euros anuales, durante tres años, la aplicación de esa medida a los contratos eventuales suscritos antes del 1 de junio.
Además, se limita a un período máximo de 30 meses el encadenamiento de contratos, se reducen las cotizaciones de los empresarios, y se mejora la cobertura por desempleo.
Los primeros efectos de la reforma laboral ya son visibles: de julio a noviembre, 512.601 temporales han sido convertidos en indefinidos, según el registro de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM).
De acuerdo con las previsiones de Caldera, a finales de año, las conversiones habrán beneficiado a 1,2 millones de temporales.
Sin embargo, el paro registrado en noviembre superó, por primera vez en cinco meses, los 2 millones de personas -2.023.164, exactamente-, lo que supuso 30.328 parados más que un mes antes.
La cruz de la moneda, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2006, es que la temporalidad siguió aumentando hasta el 34,59 por ciento.
Mayo también fue el mes en que se cerró la reforma de las pensiones, aunque la foto oficial de la rúbrica se retrasó hasta el 13 de julio siguiente.
Sus líneas de actuación principales son: elevar progresivamente de 4.700 a 5.474 días el período de cotización necesario para tener derecho a una pensión contributiva, retrasar la jubilación parcial a los 61 años, regular la pensión de viudedad, endurecer la incapacidad permanente para que no sea vía de acceso a una pensión, y fomentar la permanencia en el mercado de trabajo más allá de los 65 años.
A mayo también se le recordará porque en ese mes el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, acordó con los sindicatos el Estatuto del Empleado Público.
Y porque el presidente del Consejo Económico y Social, Jaime Montalvo, abandonaba por motivos "personales" y "profesionales", después de estar siete meses esperando que Caldera le confirmase en el cargo, que finalmente ocupó Marcos Peña.
Respecto al Estatuto del Empleado Público, éste liga el puesto de funcionario al desempeño de la labor -parte del salario se determina por productividad-, establece medidas para reducir la temporalidad, se crea la figura del directivo -será responsable de la gestión-, y se cambian los procesos de selección.
Caldera, con el apoyo de Gómez, también sacó adelante, en noviembre, un Estatuto, el del Trabajo Autónomo: crea la figura del autónomo dependiente, mejora la protección social de los emprendedores, y abre la puerta a la creación de un sistema de cobertura por cese de actividad.
La mejora de la lucha contra la siniestralidad laboral -hasta septiembre, 1.049 trabajadores fallecieron (el 1,04 por ciento menos), de los que 762 murieron en su puesto de trabajo (el 1,04 por ciento menos) y 287 "in itinere (de camino al trabajo o viceversa)"- también fue discutida con los agentes sociales, con los que se acordó renovar la lista de enfermedades profesionales -era de 1978-.
En este combate, el Gobierno y los interlocutores sociales aplaudieron el nombramiento de Juan Manuel de Oña como fiscal de sala encargado de la Siniestralidad Laboral.
Donde Gobierno y sindicatos chocaron frontalmente fue en la devolución de parte del Patrimonio Histórico incautada a UGT durante la dictadura.
Trabajo aprobó la devolución a finales de noviembre de 149,42 millones de euros y 26 inmuebles a UGT (hay que sumarles los 32,6 millones autorizados en julio), lo que fue calificado por CCOO de "injerencia" en pleno proceso de elecciones sindicales.
Otra de las claves del año fue la reelección de José María Cuevas al frente de la CEOE, que dirige desde hace 22 años, y que se estrenó con unas polémicas declaraciones sobre la opa de Gas Natural sobre Endesa, que calificó de "poco pensada" y "muy a la catalana".
La economía española acaba 2006 con una grata sorpresa, la de un crecimiento mucho mayor de lo esperado, pero también con una inquietud que acecha a Gobierno y empresas: Logrará España aprovechar este ciclo aún expansivo para mejorar su posición competitiva en el mercado global?.
Muchos son los datos que avalan la buena marcha de la economía, pues además de su creciente actividad sigue creando empleo, aunque persisten desequilibrios -baja productividad, inflación y déficit exterior- que impiden destacarse a nuestras empresas y productos, frente a la feroz competencia de otras economías.
A estos males reconocidos por el Gobierno, que no obstante recuerda la ligera moderación de los precios y la pequeña mejora del sector exterior, se une otro, que el propio gobernador del Banco de España (BE), Miguel Angel Fernández Ordóñez, reconoció como el "problema" que más le preocupa: la deuda de los hogares.
Y es que dentro de los dos billones de euros que hasta septiembre adeudaban hogares, empresas y administraciones, 750.000 millones los debían las familias y, de esa cantidad, 550.000 millones correspondían a hipotecas aún sin pagar, según datos del BE.
Una deuda que, sin embargo, aún podemos soportar. Eso dicen las autoridades económicas, que ven en nuestras hipotecadas viviendas una importante riqueza patrimonial.
En 2006, la prudencia del Gobierno ha sido de nuevo excesiva en sus estimaciones de crecimiento, influido tal vez por numerosas voces que auguraban que este año comenzaría la desaceleración.
La contundencia de los datos mostró todo lo contrario, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pudo anunciar recientemente que, al final, la economía habrá crecido este año el 3,8 por ciento, cuatro décimas por encima de la última previsión oficial.
Para lograrlo, y tras sucesivos crecimientos del 3,6, 3,7 y 3,8 por ciento en los tres primeros trimestres, será necesario que la actividad repunte aún más en el cuarto periodo, hasta el 3,9 por ciento, algo que el Ministerio de Economía ve perfectamente posible.
No hay duda de que el acelerador está pisado a fondo, pero... *qué pasa con el ansiado cambio de modelo de crecimiento? Que no se logra en dos días.
Lo ideal sería que en nuestra economía no pesasen tanto consumo y construcción.
En el primer caso, la subida de tipos de interés incide ya algo en el gasto de los hogares, pero la construcción sigue en alza, y tras una leve desaceleración, ha vuelto a repuntar en la segunda parte del año, porque la edificación residencial no descansa y mucho menos lo hace la obra civil, en un país plagado de proyectos de infraestructuras.
El posible cambio de modelo se atisba sin embargo en la mejora de la producción industrial y, cómo no, en la creciente inversión en bienes de equipo, que al fin y al cabo es la más productiva y supone el termómetro de actividad de todo país desarrollado.
Y del déficit comercial, *qué? Pues que sigue siendo alto, aunque se desacelera su aumento, gracias a la mejora de las exportaciones.
Frente a la cautela en los datos sobre crecimiento, el Ministerio que dirige Pedro Solbes ha sido más osado al hablar de inflación, y acertó cuando, ante estratosféricas subidas de precios, avisaba de que las cosas mejorarían cuando se notase la bajada del petróleo.
Así ha sido, y mientras la inflación dio fuertes sustos en la primera parte del año, con un índice máximo del 4,2 por ciento en enero, ha mejorado algo en la segunda, hasta colocarse en el 2,5 por ciento en octubre y en el 2,7 por ciento en noviembre según el indicador adelantado del ndice de Precios de Consumo Armonizado.
Los elevados precios de consumo, en cualquier caso, siguen alejando a los productos españoles de posiciones competitivas.
Y entre tantas luces y sombras, sigue pendiente la asignatura eternamente suspendida: la productividad.
La política de Pedro Solbes ante este problema es clara: mejorar el capital físico, humano y tecnológico español, centrando las principales inversiones en infraestructuras, educación e I+D.
Se trata de una apuesta que sólo tiene efectos a largo plazo y para la que el Gobierno sigue pidiendo el compromiso aún pequeño del empresariado.
Y en este entorno de datos y previsiones, un importante acontecimiento político irrumpía en el mundo económico: la marcha del director de la Oficina Económica del Presidente, Miguel Sebastián, para afrontar la carrera de las urnas, ni más ni menos que contra Alberto Ruiz Gallardón.
Mientras Sebastián lucha por la alcaldía madrileña, el Gobierno deberá seguir con el Plan Nacional de Reformas, que el ahora candidato tanto ha supervisado y del que ya se desarrollan 164 medidas, más de la mitad de las contenidas.
Todo sea porque nuestra renta per cápita converja pronto con la europea. Dicen que antes de que acabe la legislatura. Veremos. EFE
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