Hacienda supervisará todas las actividades de las CCAA en el exterior

El anteproyecto de la Ley de Acción Exterior obliga a las comunidades autónomas y ayuntamientos a informar de sus viajes, visitas y actividades en el extranjero al Ministerio de Asuntos Exteriores, que trasladará esos datos al de Hacienda y Administraciones Públicas.

Según el texto, al que ha tenido acceso Efe, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, en el caso de la apertura de oficinas de representación en el exterior, Hacienda "informará la propuesta de acuerdo con el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos" y comprobará si se respeta el reparto competencial.

?sta es la fórmula que ha elegido el Ministerio de Exteriores tras descartarse, como en un principio se barajó, que Hacienda pudiera incluso vetar la apertura de las oficinas de las comunidades que incumplieran el objetivo de déficit público.

En la actualidad, el Gobierno de Canarias dispone en el exterior de dos delegaciones, una en Bruselas y otra en Caracas, y de dos oficinas de la empresa pública de promoción Proexca, una en Agadir (Marruecos) y otra en Nuakchot (Mauritania).

El anteproyecto distingue la "política exterior", que dirige el Gobierno, de la "acción exterior", que protagonizan diferentes administraciones e instituciones en ejercicio de sus competencias.

Las actividades de las comunidades autónomas y de las entidades locales, se destaca en el texto, "estarán sujetas a las directrices, fines y objetivos de la política exterior fijados por el Gobierno".

Según señaló el ministro de Exterior al presentar la norma, el objetivo no es "controlar", sino "ayudar" a las comunidades.

Con ese fin, el anteproyecto señala que Exteriores, además de comprobar la adecuación de los viajes y actividades de las diferentes administraciones a la política exterior, les prestará "información y apoyo para su proyección exterior".

Deja claro el texto que las comunidades no podrán, "en ningún caso", asumir la representación del Estado en el exterior, suscribir tratados internacionales con otros Estados, generar obligaciones internacionalmente exigibles al Estado o "interferir con la política exterior que dirige el Gobierno".

Para precisar este artículo, se aprobará más adelante una "ley de tratados internacionales".

No se fija en el anteproyecto ni el mecanismo que deberán seguir las diferentes administraciones para informar de sus planes a Exteriores ni las posibles sanciones en el caso de incumplir la norma, puntos que, en su caso, quedarían para un reglamento posterior de desarrollo de la ley.

Al margen de esta cuestión, en la norma se regula también la acción consular para proteger a los ciudadanos españoles en el exterior.

El Gobierno, dice el anteproyecto, "podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte" de los gastos en los que incurra cuando decida intervenir en una situación de emergencia para atender a un español en el extranjero.

Pero sólo podrá hacerlo cuando la persona "se haya expuesto voluntariamente a riesgos" sobre los que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya informado en las recomendaciones de viaje que publica en su página web, donde describe las condiciones de seguridad de los distintos países y regiones.